Las negociaciones entre la Municipalidad Distrital de Caylloma (Arequipa) y Minera Bateas continúan sin avances significativos, pese a las reiteradas reuniones convocadas para definir un nuevo Fondo Social en beneficio del distrito. A pocas semanas de culminar el año, ambas partes mantienen posiciones opuestas que impiden un acuerdo.
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La municipalidad, respaldada por organizaciones de la sociedad civil, insiste en que la minera entregue S/ 15 millones anuales, monto que —según la comuna— permitiría cerrar brechas sociales urgentes en sectores como educación, salud, saneamiento y desarrollo productivo. En contraste, Minera Bateas sostiene que su capacidad económica no permite asumir tal compromiso sin comprometer la continuidad de la operación.
Municipio defiende pedido de S/ 15 millones y exige presencia de alta gerencia
En un comunicado oficial, la municipalidad afirmó que su equipo técnico ha elaborado una justificación detallada sobre el uso de los S/ 15 millones solicitados. Además, reiteró su respaldo al rechazo vecinal frente a la propuesta de Bateas, que planteaba un aporte directo de S/ 2.6 millones al año.
La comuna también exigió que el gerente general de Minera Bateas participe en la próxima reunión, dejando entrever que la presencia del equipo actual de Relaciones Comunitarias ya no genera confianza ni apertura para avanzar en el diálogo.
Por su parte, Bateas presentó en la Mesa Técnica del 3 de diciembre una propuesta total de S/ 20.4 millones distribuidos en cuatro años, que incluye S/ 10.4 millones en aporte directo y S/ 10 millones mediante Obras por Impuestos. La empresa recordó que opera como mediana minería, dedicada principalmente a la producción de plomo y zinc, metales con precios internacionales bajos que limitan sus márgenes.
Ejecutabilidad municipal y brecha entre ambas posiciones
Más allá del desacuerdo económico, otro punto crítico es la capacidad de ejecución del municipio. En Caylloma —como en otras zonas mineras del país— persiste el problema de que los recursos asignados desde el Estado no se ejecutan en su totalidad, lo que genera dudas sobre la capacidad real para administrar aportes significativamente mayores.
Pese a ello, la municipalidad sostiene que el Fondo Social solicitado es indispensable para atender carencias históricas. La minera, en cambio, resalta que comprometer montos superiores a su capacidad pondría en riesgo la viabilidad operativa de la unidad.
La distancia entre ambas posturas permanece intacta, y mientras el diálogo no avance, los proyectos que deberían beneficiar a la población continúan postergados. El Ministerio de Energía y Minas, que actúa como observador, deberá facilitar nuevamente un espacio de negociación, aunque por ahora no existe una ruta clara hacia el consenso.
