El Poder Judicial decidió rechazar la solicitud de prisión preventiva contra Óscar Acuña, investigado por presunto cohecho en el caso Frigoinca. Según la resolución, no se cumplen los criterios legales necesarios para ordenar su encarcelamiento mientras se desarrolla el proceso, incluso cuando hasta la fecha no se conoce el paradero del imputado.
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La norma que cambió el escenario
El colegiado basó su resolución en la reciente modificación del Código Procesal Penal realizada por el Ejecutivo. Dicha reforma establece que solo procede la prisión preventiva cuando la pena probable supera los cinco años. En este caso, la acusación por cohecho simple no llega a ese umbral, lo que —según el tribunal— “impide aplicar una medida tan gravosa”. Los magistrados detallaron que la actualización normativa es plenamente aplicable al caso.
Fiscalía no logró sustentar todos los requisitos
El Ministerio Público había solicitado la prisión preventiva argumentando peligro de fuga. También sostuvo que Acuña habría recibido S/77.000 de un empresario relacionado con Frigoinca. Sin embargo, el tribunal concluyó que no se cumplían de forma conjunta los tres presupuestos exigidos por ley para dictar esta medida, por lo que la solicitud fue declarada infundada. Para los jueces, sin ese cumplimiento integral, la prisión preventiva “se torna improcedente incluso en casos de alto interés público”, narraron en su resolución.
Por ahora, Acuña afrontará el proceso en libertad, aunque el Poder Judicial advirtió que su situación podría modificarse si aparecen nuevos elementos o si la Fiscalía decide ampliar los cargos. El caso sigue generando atención debido a la cercanía del investigado con César Acuña y a los cuestionamientos vinculados al programa Qali Warma.
Los cargos que enfrenta
El Ministerio Público investiga a Óscar Acuña por cohecho, tráfico de influencias y presunta pertenencia a una organización criminal. La tesis fiscal indica que habría existido un pago de S/77.000 para favorecer a Frigoinca en procesos de contratación con Qali Warma. Aunque el delito de organización criminal no fue considerado para esta fase, la Fiscalía mantiene que operaba una red orientada a obtener beneficios ilícitos en licitaciones públicas.
