Una visita inopinada a entidades receptoras de sentenciados con prestación de servicios a la comunidad (servicios comunitarios) reveló serias deficiencias en el cumplimiento de estas penas convertidas. La diligencia fue encabezada por el juez decano de Flagrancia Delictiva, Walter Marroquín Aranzamendi, junto al presidente de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, Nicolás Iscarra Pongo, quienes inspeccionaron los puntos de trabajo en diversos distritos.
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La comitiva de la Unidad de Flagrancia, en coordinación con funcionarios del programa de Medio Libre del INPE, recorrió los lugares asignados en las municipalidades de Cayma, Alto Selva Alegre, Miraflores y Mariano Melgar.
Durante la supervisión, se constató que únicamente en la Municipalidad de Alto Selva Alegre se encontraron sentenciados realizando labores de limpieza de áreas verdes. No obstante, se evidenció un deficiente sistema de control, lo que impedía verificar con precisión la asistencia y horas trabajadas.
Arequipa: sentenciados ausentes y brechas de supervisión del INPE
En las municipalidades de Cayma, Miraflores y Mariano Melgar, no se ubicó a los sentenciados que, según el rol oficial, debían estar cumpliendo sus actividades. Esta situación evidencia brechas de supervisión por parte del personal del INPE y constituye un claro incumplimiento de mandatos judiciales.
Ante las irregularidades, el juez coordinador de la Unidad de Flagrancia anunció que solicitará informes escritos al programa de Medio Libre, a fin de que el Ministerio Público evalúe las acciones correspondientes, incluida la posible revocatoria de las penas convertidas por penas efectivas, conforme a la ley.
El presidente de la Corte Superior reafirmó que estas acciones de control se ejecutarán de manera permanente, con el objetivo de asegurar el estricto cumplimiento de las resoluciones judiciales y garantizar el resarcimiento del daño causado por los condenados a la sociedad.
