La Comisión Permanente del Congreso dio luz verde al informe que recomienda inhabilitar políticamente al expresidente Pedro Castillo por un periodo de diez años, tras el fallido intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022. La decisión fue adoptada con 13 votos a favor y 6 en contra, consolidando en un solo documento las denuncias constitucionales 547 y 575.
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Durante la sesión, el excongresista y abogado Carlos Torres Caro asumió la defensa del exmandatario. En su exposición, cuestionó que el Legislativo no le hubiera otorgado tiempo suficiente para preparar sus descargos. También protagonizó un episodio que terminó en su expulsión del Hemiciclo por orden del tercer vicepresidente del Parlamento, Ilich López.
Previo a su retiro, Torres comparó a los legisladores con los comediantes Jorge Luna y Ricardo Mendoza. En una de sus intervenciones lanzó una frase que generó indignación inmediata: “¿Ustedes saben cómo Jorge Luna y Ricardo Mendoza lograron llenar el Madison en New York?, hablando las mismas huevadas que ustedes”.
Según se narró en el acta, declaró esa frase mirando directamente a la Mesa Directiva.
Los fundamentos de la denuncia constitucional
El informe aprobado sostiene que Pedro Castillo habría vulnerado más de veinte artículos de la Constitución al anunciar la disolución del Congreso, declarar un Gobierno de excepción y proponer la reorganización de organismos como el Ministerio Público, el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional. Tales actos, según el documento, configuran una infracción constitucional grave.
Inhabilitación política y juicio penal: dos procesos distintos
Es importante diferenciar las dos vías que actualmente enfrenta el exmandatario. Por un lado, la inhabilitación política, competencia del Congreso, constituye una sanción por la presunta infracción constitucional. El informe aprobado en la Comisión Permanente recomienda impedirle ejercer cargos públicos durante una década, lo que representa la máxima sanción política que puede aplicar el Legislativo. Si el Pleno ratifica esta recomendación, Castillo quedará impedido de ocupar cualquier función estatal.
En paralelo, continúa el proceso penal llevado por el Ministerio Público. La Fiscalía acusa al expresidente de ser coautor de Rebelión y Conspiración para la Rebelión, así como de Abuso de Autoridad y Grave Perturbación de la Tranquilidad Pública. Por estos cargos, se ha solicitado una pena de 34 años de prisión. El caso se encuentra en etapa de juicio oral ante la Sala Penal Especial de la Corte Suprema, mientras Castillo permanece en prisión preventiva desde su detención. El proceso culminará con un fallo que determinará su responsabilidad penal.
