Un reportaje de Cuarto Poder expuso nuevos indicios sobre el uso irregular de una cámara del Congreso durante un mitin de Keiko Fujimori, evento en el que un equipo estatal habría sido empleado para fines partidarios. Aunque el único trabajador separado hasta el momento es el camarógrafo que operó el dispositivo, la investigación periodística apunta a que al menos cuatro funcionarios con vínculos a Fuerza Popular habrían participado en la cadena de autorizaciones que permitió la entrega del equipo.
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Según reveló el informe, entre los nombres involucrados figuran el oficial mayor del Parlamento, Jaime Abensur; el director de Comunicación Institucional, Edwin Lévano; además de otros integrantes de sus respectivas áreas que habrían intervenido en la disposición del material audiovisual.
Cuestionamientos a la investigación interna
El sindicato de trabajadores del Congreso advierte que el proceso interno no se está llevando con independencia. De acuerdo con su postura —según relató el reportaje—, varios funcionarios de alto rango no han sido sancionados ni citados a rendir declaraciones, pese a que el material institucional fue utilizado en un acto partidario. Para ellos, el hecho constituye un uso evidente e injustificado de bienes públicos.
El reportaje también detalla que la cámara terminó registrando imágenes del mitin fujimorista, registro que evidencia su empleo con fines proselitistas. La Procuraduría, según informó Cuarto Poder, ha solicitado documentación sobre la cadena de custodia del equipo; sin embargo, la Oficina de Comunicaciones habría remitido información incompleta.
El secretario del sindicato, entrevistado para el reportaje, cuestionó que toda la responsabilidad haya recaído en un solo trabajador. Manteniendo parte de su declaración textual, afirmó: “Nadie baja a un evento político sin una orden superior”, señalando además que las asignaciones audiovisuales se manejan de manera estrictamente jerárquica.
Hasta el momento, los funcionarios mencionados no han ofrecido declaraciones públicas y el Congreso tampoco ha anunciado una ampliación de la investigación ni sanciones adicionales, a pesar de las evidencias difundidas que muestran el uso de un bien estatal en una actividad de carácter político.
