Diez días después de haber sido destituida por incapacidad moral, Dina Boluarte activó el procedimiento para acceder a una pensión vitalicia y al conjunto de beneficios otorgados a los expresidentes del país. De acuerdo con un reportaje de Cuarto Poder, fue ella misma quien remitió una carta firmada al titular del Congreso, Fernando Rospigliosi, solicitando el pago inmediato de este beneficio.
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En su oficio, Boluarte pidió expresamente la pensión que corresponde a quienes han ocupado la jefatura del Estado. En la misiva —que mantiene su redacción original en parte— señaló: “Tengo el agrado de dirigirme a usted (…) y en mi condición de expresidenta constitucional de la República, le solicito disponga se me otorgue la pensión establecida en la Ley 26519”. Asimismo, solicitó también los beneficios de apoyo logístico y de personal que fija el Acuerdo de Mesa Directiva N.° 78-2016. Según narró el informe, la exmandataria buscaba que se le asignara un vehículo oficial de por vida, 150 galones mensuales de combustible, seguridad del Estado, un asesor y la contratación de un trabajador CAS elegido por ella misma.
Un incremento salarial clave para el cálculo de la pensión
El especialista en gestión pública Martín Cabrera explicó que estos pagos y beneficios provienen directamente del presupuesto del Congreso. Él señaló —según relató el reportaje— que Boluarte pasaría a ser “una jubilada del Congreso de la República”, y precisó que no existe impedimento legal para que cobre la pensión mientras no haya una acusación constitucional aprobada en su contra. “No, en tanto no haya una acusación constitucional aprobada por el Congreso”, afirmó en Cuarto Poder.
La discusión se vuelve más compleja debido al significativo incremento salarial que Boluarte obtuvo tres meses antes de dejar el cargo, en medio de una profunda crisis de legitimidad. Su remuneración pasó de S/15.600 a S/35.568 mensuales, un aumento aprobado por su propio entorno y que podría influir en el monto de la pensión. Aunque la ley contempla topes, será el Parlamento quien tenga la decisión final. Cabrera subrayó que el beneficio no tendría por qué equivaler a su último sueldo, afirmando que “el Congreso tiene la pelota en la cancha” para definir cómo se deben administrar las pensiones y beneficios de los exjefes de Estado.
Otros reclamos económicos en paralelo
El pedido de pensión no es el único trámite económico impulsado por la exmandataria. Boluarte también exigió al Reniec el pago de gratificaciones, bonos y beneficios sindicales en periodos en los que ejerció cargos de confianza, pese a no pertenecer al sindicato. Si bien reclamó S/428.905, una resolución judicial determinó que solo le correspondían S/239.000. Además, su defensa legal en los procesos fiscales que enfrenta sigue siendo financiada con recursos estatales.
A pesar de las controversias acumuladas durante su gestión, Boluarte se ha mostrado serena tras su salida del poder. En declaraciones recientes aseguró: “Me voy tranquila y me voy en paz y que viva el Perú”. También afirmó estar en calma con su consciencia: “Estoy tranquila con mi consciencia (…) La calma está en mí”, dijo.
Hoy, a sus 63 años, permanece a la espera de que el Congreso decida si accederá a una pensión mensual que podría bordear los S/35.000, además de un paquete vitalicio de beneficios financiados con dinero público.
