El presidente de la República, José Jerí, afirmó en una conversación con El Comercio que su administración continúa analizando los pasos a seguir frente al caso de Betssy Chávez, quien permanece dentro de la Embajada de México luego de conocerse la sentencia en su contra. Según señaló, el gobierno mexicano es consciente de que, si la exfuncionaria abandona la sede diplomática, sería detenida de inmediato por las autoridades peruanas.
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Jerí precisó que toda decisión será tomada junto al primer ministro Ernesto Álvarez y el resto del Gabinete, respetando plenamente los acuerdos internacionales suscritos por el Perú. Aun así, no cerró la puerta a ninguna medida.
José Jerí: posible intervención en la embajada
El mandatario dejó abierta la posibilidad de un ingreso a la sede diplomática si así lo determinan las circunstancias. En sus declaraciones, sostuvo que está dispuesto a evaluar “todo tipo de posibilidades y decisiones”, e incluso reiteró que “si tiene que ingresarse a la embajada mexicana, se hará”.
Además, comentó que las autoridades mexicanas ya están al tanto de la presencia policial en los alrededores del recinto y remarcó que su prioridad es asegurar el cumplimiento de la orden judicial vigente.
Tensiones bilaterales y reacciones regionales
Al ser consultado sobre un eventual restablecimiento de relaciones políticas con México tras un cambio de gobierno en ese país, Jerí indicó que el vínculo entre ambas naciones se ha visto deteriorado por lo que describió como actos de injerencia ocurridos desde el 2021. Afirmó que no permitirá que se vulneren nuevamente los intereses soberanos del Perú.
Respecto a las declaraciones del presidente colombiano Gustavo Petro —quien advirtió que Colombia retiraría su embajada si el Perú “agrede” la sede mexicana—, el jefe de Estado peruano respondió de manera tajante, refiriéndose a esas palabras como comentarios a los que prefiere “hacer oídos sordos”.
Proyecto sobre filtración de información: aclaración a la prensa
Jerí también se pronunció sobre la propuesta del Ejecutivo para incorporar al Código Penal un nuevo delito relacionado con la divulgación de información reservada en investigaciones policiales y fiscales. Negó que la iniciativa apunte a coartar la labor periodística y aseguró que “jamás” ha dejado de defender la libertad de expresión.
Explicó que la medida está dirigida únicamente a funcionarios públicos y tiene como propósito frenar filtraciones que podrían poner en riesgo operaciones de seguridad. En este punto, narró que insistió en que para él la información constituye una herramienta estratégica y que debe manejarse con prudencia, recordando que, en sus propias palabras: “La información es un poder y hay que ser prudentes cuando estamos en guerra contra la criminalidad”.
