El Pleno del Congreso no logró aprobar el informe final que buscaba inhabilitar por 10 años a la ex presidenta del Consejo de Ministros, Betssy Chávez Chino, por su presunta participación en el intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022. Con 63 votos a favor, 13 en contra y 4 abstenciones, la acusación constitucional impulsada por la legisladora Patricia Chirinos quedó sin efecto al no alcanzar el mínimo de 68 votos.
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La decisión permite que Chávez mantenga vigente su intención de postular al Senado en las elecciones generales de 2026.
Reacciones y pedidos de reconsideración
El informe que proponía sanciones también incluía al expresidente Pedro Castillo y al exministro del Interior Willy Huerta. En sus casos, aún falta que la Comisión Permanente ratifique lo aprobado previamente por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales el pasado 7 de noviembre.
Tras quedarse a solo cinco votos de lograr la inhabilitación, las bancadas de Honor y Democracia, Renovación Popular y Fuerza Popular respaldaron la reconsideración planteada por el congresista Jorge Montoya. También la parlamentaria Norma Yarrow presentó un segundo pedido con el mismo fin. Desde el partido de Rafael López Aliaga advirtieron que, en una nueva votación, “se volverá a votar y seremos testigos de quiénes blindan a Betssy Chávez”, según señalaron.
La situación judicial de Chávez continúa
Mientras avanza el debate político, Betssy Chávez enfrenta un juicio oral en la Sala Penal Especial de la Corte Suprema por los delitos de rebelión y conspiración vinculados al mismo episodio del 2022. La Fiscalía ha requerido una pena de hasta 25 años de cárcel.
Aunque obtuvo asilo en la Embajada de México, el tribunal determinó que el proceso puede continuar sin su presencia física, con la representación de su defensa. En recientes audiencias, sus abogados presentaron los alegatos finales.
Pese a haber sido liberada de prisión preventiva por decisión del Tribunal Constitucional —argumentando “exceso de carcelería” y una supuesta detención arbitraria—, el Poder Judicial mantiene vigente una orden de impedimento de salida del país por diez meses, medida que busca asegurar su participación en el juicio.
