La Corte de Justicia de Arequipa (CSJA) anuló el examen para acceder a una plaza indeterminada tras confirmarse una filtración masiva de la prueba aplicada el domingo 16 de noviembre. La decisión afecta a más de 2 400 postulantes, quienes esperaban acceder a una de las 106 plazas convocadas.
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La magnitud del caso revela fallas críticas en el sistema de control, vigilancia y transparencia del propio Poder Judicial de Arequipa. Al parecer fue la comisión de evaluación quienes se dieron cuenta de la filtración, e incluso la prueba habría sido vendida por hasta S/ 8 000. Tras conocerse el hecho se actuó con la anulación.
El Comité de Selección, mediante un comunicado, reconoció que se “vulneraron los controles informáticos” durante el proceso de impresión, confirmando así que la fuga de información ocurrió dentro de la cadena de custodia autorizada por la institución.
Corte de Justicia: Desorden del examen y fallas estructurales del proceso
Postulantes señalaron que incluso sin filtración, el examen fue un “desbarajuste total”. Se reportaron preguntas repetidas, preguntas con respuestas señaladas y otras que no correspondían a las especialidades o cargos a los que los participantes postulaban. A ello se suma un proceso que arrastraba meses de retrasos, cambios de fecha y falta de claridad en la organización.
El secretario general del sindicato de trabajadores de la Corte, José Luis Rueda, calificó como correcta la decisión de anular la evaluación. Recordó que participaron alrededor de 2 480 personas, entre trabajadores judiciales y profesionales externos. “Un contrato a plazo indeterminado ya es un trabajo casi estable”, señaló.
Para el dirigente, la prioridad debe ser identificar el origen de la filtración. “Si la prueba estuviera mal hecha, afectaría por igual a todos. Pero la filtración sí favorece ilegalmente a algunos”, afirmó. Además, adelantó que el sindicato sugerirá que la siguiente prueba sea administrada por una universidad, con el fin de garantizar transparencia.
En paralelo, gran parte de los postulantes exige la separación inmediata de los miembros de la Comisión de Selección, así como la apertura de procesos disciplinarios y eventuales denuncias penales por presunta omisión de funciones. El hecho ya fue denunciado además a la Policía especializada quienes determinarán directamente a los responsables.
