La Comisión de Ética Parlamentaria decidió, por mayoría, iniciar una indagación formal contra la congresista no agrupada Lucinda Vásquez Vela, luego de que se difundieran imágenes en las que uno de sus asesores aparece cortándole las uñas de los pies dentro de su despacho congresal durante horario de trabajo.
El grupo de trabajo encabezado por Elvis Vergara asumió el caso y calificó los hechos como una posible vulneración a la dignidad laboral, al emplear personal contratado por el Congreso en actividades ajenas a sus funciones. La decisión obtuvo siete votos a favor, uno en contra y una abstención.
El reportaje de Cuarto Poder identificó al asesor que realiza el polémico acto como Arnold Palomino, integrante de confianza del equipo de Vásquez. En otro video difundido por el dominical, otro asesor, Carlos Vásquez, aparece preparándole el desayuno, también dentro de la oficina parlamentaria.
La defensa de Vásquez: “Esto es una venganza”
La legisladora rechazó todas las acusaciones y aseguró que los hechos han sido manipulados. Señaló que detrás de la denuncia estaría una “venganza” de exempleados despedidos. Además, sostuvo que debe respetarse su derecho al debido proceso. Según narró, los videos corresponderían a un tiempo pasado y no reflejarían su dinámica laboral actual.
La congresista enfrenta otra investigación fiscal
Este no es el único cuestionamiento en su contra. El Ministerio Público la investiga por presunto tráfico de influencias agravado, un delito que podría acarrear hasta ocho años de pena privativa de la libertad. La tesis fiscal señala que habría utilizado su cargo para ofrecer ventajas en un proceso de nombramiento docente mediante contactos internos.
Posible pérdida de inmunidad parlamentaria
Un punto llamativo del expediente fiscal es el reporte de un supuesto robo de su celular en Gamarra. Pese a ello, Vásquez no presentó denuncia policial ni solicitó el bloqueo del equipo, lo que, según penalistas consultados, resta credibilidad a su versión y podría interpretarse como un intento de ocultar información relevante almacenada en el dispositivo.
Actualmente, la denuncia constitucional en su contra ya fue admitida en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Con ello, el caso pasa al pleno del Congreso, que deberá decidir si procede la acusación. De aprobarse el antejuicio, Vásquez perdería su inmunidad y podría afrontar un proceso penal en las mismas condiciones que cualquier ciudadano. En ese escenario, incluso sería posible la imposición de prisión preventiva si el Poder Judicial lo considera justificado.
