Por:Sandra Bellido Urquizo
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¿Y Ahora Qué?... El accidente ocurrido en Ocoña, que dejó 37 personas fallecidas, no puede reducirse a la responsabilidad de un conductor en estado de ebriedad. Sus disculpas jamás devolverán la vida a padres, madres, hijos y nietos cuya ausencia marca hoy a decenas de familias.
Sin embargo, sería un grave error atribuir toda la culpa a esa persona: esta tragedia también es consecuencia directa de la deficiente gestión del Estado peruano sobre la infraestructura vial, especialmente en la región Arequipa.
En Arequipa operan dos concesionarias viales: Covinca, encargada del tramo correspondiente al “Desvío Quilca – Desvío Arequipa – … – Desvío Moquegua” de la ruta PE-1S, donde precisamente ocurrió el accidente y COVISUR (Concesionaria Vial del Sur), responsable del Tramo N.º 5 del Corredor Vial Interoceánico Sur (IIRSA Sur), que conecta Matarani con Azángaro, además de un subtramo que une Ilo con Juliaca.
Ambas concesionarias tienen obligaciones claras como el mantenimiento rutinario, periódico y de emergencia, la conservación de la infraestructura vial y la explotación económica de los tramos mediante cobro de peajes.
Aun así, su desempeño queda muy por debajo de lo que realizan otras concesionarias del país. Un ejemplo evidente es IIRSA Sur, que opera el tramo Cusco–Madre de Dios. Allí, pese a las lluvias intensas, la erosión y los huaicos, cada año reconstruyen y rehabilitan tramos de carreteras para mantenerlas operativas. Y lo hacen en zonas donde circulan muchísimos menos vehículos.
Tragedia en Ocoña: Un problema estructural más allá del conductor
En Arequipa ocurre lo contrario. Por los tramos concesionados circulan miles de vehículos todos los días (autos particulares, buses interprovinciales y transporte de carga pesada) generando ingresos significativamente mayores a los que recibe IIRSA Sur por sus peajes.
Sin embargo, las vías siguen mostrando señales claras de abandono: carreteras estrechas y peligrosas, deficiente señalización horizontal y vertical, basura acumulada en los márgenes, ausencia de zonas de escape, poca iluminación, demora en la atención de accidentes.
Todo ello incrementa el riesgo de siniestros y deteriora la calidad de viaje para miles de ciudadanos y transportistas.
Mientras varias regiones del norte cuentan con autopistas modernas y cuatro carriles, Arequipa continúa dependiendo de vías de apenas dos carriles, prácticamente las mismas que se trazaron a finales de la década de 1930, cuando comenzó la construcción de la Panamericana Sur.
Ocho décadas después, la infraestructura no ha crecido al ritmo de la demanda: el tráfico se ha multiplicado, el transporte de mercancías ha aumentado exponencialmente, la población regional ha crecido, el turismo y las actividades económicas se han intensificado.
Pero la carretera sigue igual: estrecha, peligrosa y sin alternativas.
¿Son culpables las concesionarias? No del todo.
Es fácil señalar a Covisur o Covinca como responsables directos. Sin embargo, hay un punto clave: en sus contratos no está contemplada la construcción de nuevas vías o la ampliación a doble calzada.
Es decir, pueden mantener y operar, pero no tienen la obligación contractual de modernizar o ampliar la infraestructura.
Por tanto, el problema de fondo recae en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), que no ha actualizado ni renegociado los contratos, las autoridades regionales, que no ejercen presión política ni técnica para exigir vías modernas y seguras, la falta de planificación nacional para expandir la red vial en zonas de alto tránsito como Arequipa.
Si no se toman decisiones políticas reales y urgentes, lo que ocurrió en Ocoña se repetirá, pues habrá más accidentes mortales, más colas interminables de vehículos, viajes interminables, pérdidas económicas y de tiempo.
El accidente de Ocoña no es un hecho aislado: es la consecuencia de un sistema vial olvidado, mal fiscalizado y gestionado con irresponsabilidad.
Y, lamentablemente, si no se actúa hoy, es también el anuncio de las tragedias que seguirán mañana.
