El reciente uso indebido de una cámara del Congreso de la República para registrar un mitin de Keiko Fujimori ha generado un nuevo cuestionamiento hacia Fuerza Popular. Las primeras indagaciones apuntan a que los funcionarios implicados mantienen nexos con el partido de la lideresa fujimorista.
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Fuentes de La República informaron que el trabajador que renunció tras el escándalo es Daniel Luza, miembro de la Oficina de Participación Ciudadana, área dirigida por Edwin Lévano Gamarra. Ambos presentan vínculos con Fuerza Popular: Lévano figura como militante activo en el Registro de Organizaciones Políticas, mientras que Luza aparece como aportante del partido, con una contribución de S/150 realizada el 1 de marzo de 2023.
Además, se conoció que Luza viajó a Trujillo junto a Marco Pacheco, asesor de la congresista Rosangella Barbarán, para participar en el evento partidario donde se habría usado el equipo del Parlamento.
Reacciones desde Fuerza Popular
Ante las críticas, el congresista Ernesto Bustamante intentó deslindar responsabilidades del partido, señalando que el uso de la cámara fue “una acción no autorizada”. En declaraciones a Canal N, precisó que “Fuerza Popular no usó esa cámara; la usó una persona de manera no autorizada. Tengo entendido que el señor Daniel Luza se la llevó a un evento privado en Trujillo sin que el partido lo solicitara”.
Por su parte, Fernando Rospigliosi, también integrante de Fuerza Popular, indicó que el trabajador se encuentra bajo investigación administrativa. En conferencia de prensa, afirmó que “ha renunciado, pero eso no implica que no sea objeto de sanciones. Esto es independiente a los procesos penales que se le puedan realizar”. Añadió que el partido buscará determinar si hay más responsables dentro de la institución.
La congresista Patricia Juárez coincidió en que, de haberse utilizado la cámara para grabar el mitin, se trataría de una “iniciativa personal” del funcionario. No obstante, aclaró que el hecho “debe ser investigado para conocer si alguien le dio alguna instrucción directa”.
Investigación en el Congreso
El Parlamento anunció el 31 de octubre la apertura de una investigación preliminar para identificar a los responsables del uso indebido de bienes públicos. En un comunicado, recordó que el equipamiento del Congreso no puede destinarse a actividades privadas o partidarias.
Aunque se ha señalado que se trata de una “presunta inconducta funcional individual”, congresistas como Ruth Luque y Sigrid Bazán han advertido que este tipo de actos revelan una posible cadena de mando. Luque pidió un informe legal al presidente del Congreso, argumentando que “el cumplimiento de las normas y la supervisión laboral recaen en los jefes inmediatos”.
En el documento presentado, la legisladora solicita detallar el cargo y la ubicación del trabajador involucrado, además de identificar a los funcionarios encargados de supervisar los bienes del Parlamento. Según precisó, la responsabilidad no solo debe recaer en quien cometió la falta, sino también en quienes debieron prevenirla.
