Pablo Rojas
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Un grupo de abogados realizó esta mañana un plantón de protesta frente a la sede del Poder Judicial en Arequipa, denunciando la separación irregular del abogado Rodolfo Sánchez Salazar, quien se desempeñaba como director de Defensa Gremial del Colegio de Abogados de Arequipa (CAA). Los manifestantes exigieron su inmediata reposición y alertaron sobre presuntos intereses detrás del cambio.
Según los denunciantes, encabezados por el abogado Fernando Romero, el retiro de Sánchez se habría realizado sin notificación formal, resolución administrativa ni pronunciamiento público del Consejo Directivo del CAA, liderado por el decano John Mesías.
Esta decisión habría ocurrido “entre gallos y medianoche”, vulnerando las normas internas del gremio y el artículo 84 del Código de Ética, que dispone que el director de Defensa Gremial debe presidir el Consejo de Ética.
Abogados: Posibles irregularidades y vínculos con procesos disciplinarios
El abogado Rodolfo Sánchez, según su defensa, fue reemplazado por el abogado Máximo Murillo Celdan, quien no habría sido elegido en las elecciones gremiales de 2023.
Los manifestantes sostienen que este cambio podría favorecer a abogados con procesos disciplinarios por faltas éticas, cercanos al actual decano, ya que las sanciones en curso podrían quedar sin efecto o ser anuladas.
De acuerdo con la versión del abogado Romero, la destitución del Sánchez Salazar tendría el propósito de paralizar o invalidar los procedimientos contra malos profesionales denunciados por conductas inapropiadas dentro del Colegio de Abogados. “Todos los procesos disciplinarios presididos por el señor Murillo caerán en nulidad, afectando la transparencia y credibilidad institucional”, advirtió el jurista.
Los representantes legales de Sánchez presentaron una demanda de amparo constitucional el pasado 19 de septiembre de 2025, buscando su reposición inmediata en el cargo.
Sin embargo, el Segundo Juzgado Constitucional de Arequipa, a cargo del juez Jorge Luis Linares, declaró inicialmente inadmisible el recurso, generando nuevas críticas por parte del colectivo de abogados, que acusa falta de celeridad en la atención de derechos fundamentales.
El grupo de manifestantes también cuestionó las observaciones procesales impuestas por el juez, al exigir documentos originales y copias certificadas, además de un domicilio real dentro del radio urbano, pese a que actualmente las notificaciones judiciales son electrónicas. Según afirmaron, tales exigencias vulneran el acceso efectivo a la justicia.
Mientras tanto, el Consejo Directivo del Colegio de Abogados de Arequipa no ha emitido hasta el momento un pronunciamiento oficial sobre las causas del retiro ni sobre la legitimidad del reemplazo.
Los abogados movilizados advirtieron que, de no resolverse el caso, podrían presentarse nuevas acciones legales y protestas, en defensa de la transparencia institucional y la ética profesional dentro del gremio.
