La provincia de Condorcanqui, en la región Amazonas, enfrenta una alarmante ola de violencia sexual contra menores en el ámbito escolar. Según la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL), hasta septiembre de 2025 se han registrado 47 nuevas denuncias de abuso sexual cometidos por docentes y auxiliares. Esta problemática no es reciente: desde 2010, se han acumulado más de 550 casos similares en la zona, lo que evidencia una situación estructuralmente crítica.
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El registro mensual muestra una tendencia preocupante. Las denuncias han fluctuado a lo largo del año, pasando de 3 en enero a 14 en septiembre, con un pico evidente en los últimos meses. Esta escalada ha generado alarma en la población y en organizaciones defensoras de derechos, que exigen respuestas urgentes.
Promesas gubernamentales sin resultados concretos
Tras la exposición pública de esta crisis en 2024, el gobierno de Dina Boluarte anunció medidas específicas para enfrentar la violencia sexual en Condorcanqui: sancionar a los agresores, proteger a las víctimas y garantizar justicia. Sin embargo, a más de un año de aquellas promesas, los avances son escasos y los compromisos siguen sin cumplirse.
Se han realizado algunas acciones puntuales, como la creación de la Fiscalía Especializada en Violencia contra la Mujer y la instalación de una Cámara Gesell en el distrito de Nieva, además del refuerzo del equipo del Centro de Emergencia Mujer (CEM). Pero estas medidas resultan insuficientes frente al crecimiento de las denuncias y la falta de acceso real a servicios de protección.
El Consejo de Mujeres Awajún Wampis Umukai Yawi (Comuawuy) ha advertido que la Cámara Gesell no cuenta con personal completo ni con médico legista permanente. También denunció la falta de coordinación entre fiscales y jueces, lo que causa demoras constantes en las diligencias judiciales. Según explicó su presidenta, Rosmery Pioc, estas reprogramaciones reiteradas obligan a las víctimas a retornar en múltiples ocasiones, generando desgaste emocional y altos costos económicos.
Recursos asignados, pero sin ejecución
En mayo se aprobaron más de 20 millones de soles para implementar el Sistema Nacional Especializado de Justicia en la provincia, enfocado en la protección de víctimas de violencia. No obstante, hasta la fecha no se ha informado sobre avances significativos en la ejecución de ese presupuesto, situación que motivó a la Defensoría del Pueblo a solicitar una rendición de cuentas detallada.
A pesar de la instalación de aulas modulares y mejoras en residencias escolares, una de las promesas más urgentes —la creación de un refugio para víctimas— sigue incumplida. Actualmente, el único albergue disponible se encuentra en Bagua, a más de seis horas de distancia desde Nieva. Esto obliga a las víctimas a alejarse de su entorno familiar y cultural, lo que —según expresó Rosmery Pioc— incrementa su vulnerabilidad, su sensación de aislamiento y la revictimización.
Barrera lingüística, falta de apoyo y sensación de impunidad
La atención psicológica, legal y de salud especializada sigue siendo deficiente en las comunidades más alejadas. No se ha garantizado personal capacitado con enfoque intercultural ni intérpretes que hablen awajún, lo que limita gravemente el acceso a la justicia y genera desconfianza en las instituciones. La presidenta de Comuawuy lamentó que la mayoría de los profesionales del sistema de justicia y salud no habla la lengua originaria, lo cual dificulta la comunicación y excluye a las víctimas del proceso legal.
A esto se suma la falta de recursos económicos de las familias afectadas. Los traslados a otras localidades para cumplir con diligencias judiciales implican altos costos en transporte, hospedaje y alimentación, gastos que el Estado no cubre.
Por si fuera poco, los procesos judiciales avanzan con lentitud extrema. Pioc denunció que estos superan los plazos establecidos por ley, provocando que muchas víctimas y sus familias pierdan la fe en un sistema que no les brinda respuestas ni justicia en tiempo razonable.
La sensación generalizada entre la población, según Comuawuy, es la de un abandono institucional constante, acompañado de impunidad, corrupción e indiferencia por parte de las autoridades judiciales. La falta de sentencias en la mayoría de los casos solo refuerza esta percepción.
