El paro que afectó a Machu Picchu, impulsado por las comunidades locales en protesta contra las empresas de transporte turístico, concluyó después de un diálogo de ocho horas entre autoridades, empresarios y representantes de la sociedad civil. La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) informó que se restableció el servicio de transporte y se implementará un “plan de contingencia” por parte de las empresas Consettur Machu Picchu SAC e Inversiones Sumaq San Antonio de Torontoy S.A., con la coordinación de la Policía Nacional para asegurar la seguridad en el transporte. La PCM destacó que los acuerdos logrados beneficiarán a miles de turistas, a los habitantes de Cusco y al país en general.
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Compromisos y medidas de transparencia en el proceso de transporte turístico
Uno de los compromisos alcanzados en el diálogo fue garantizar la difusión clara y transparente sobre la elección del nuevo operador para el servicio de transporte turístico hacia la ciudadela de Machu Picchu. La Municipalidad Provincial de Urubamba será responsable de comunicar esta información. La PCM celebró el esfuerzo de todos los involucrados, señalando que los acuerdos alcanzados facilitarán el retorno de los visitantes a Machu Picchu, con las condiciones de seguridad y calidad necesarias.
Exigencias de la Cámara de Turismo de Cusco sobre seguridad y calidad del servicio
Carlos González, presidente de la Cámara de Turismo de Cusco, expresó su postura tras el comunicado emitido por el Ejecutivo. Señaló que los gremios turísticos no tienen preferencias por ningún operador en particular, pero exigieron que el servicio de transporte garantice la seguridad e integridad de los viajeros y trabajadores. González destacó que cualquier operación que cumpla con los estándares internacionales de seguridad y eficiencia será respaldada por el sector privado.
Sin embargo, también alertó sobre la posibilidad de futuros conflictos sociales que podrían amenazar la operación ferroviaria en la ruta Hiram Bingham, lo que pondría en riesgo tanto a los viajeros como a los trabajadores. Además, rechazó las presiones y amenazas de ciertos grupos que buscan boicotear la operación, calificándolas de “chantajes” que afectan la integridad de las personas.
