La Policía Nacional del Perú (PNP) ha decidido declarar como confidencial toda la información relacionada con denuncias policiales por un plazo de cinco años. Esta medida afecta tanto a las denuncias en sí como a los datos almacenados en su sistema, limitando el acceso público y reduciendo el control ciudadano sobre el actuar de la institución.
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La justificación de la PNP y sus consecuencias
Según la PNP, esta decisión busca proteger investigaciones y garantizar la seguridad ciudadana. Sin embargo, expertos advierten que esta medida es excesiva, ya que no diferencia entre casos sensibles y aquellos que podrían ser accesibles sin comprometer el curso de las investigaciones.
Aunque la PNP menciona la protección de derechos fundamentales como la dignidad y la integridad de las personas, la reserva de información puede afectar a las propias víctimas, quienes verían restringido su derecho a la información y a la supervisión del manejo de sus denuncias.
Este cambio podría consolidar un modelo en el que la seguridad se utiliza como pretexto para reducir la vigilancia pública sobre la actuación policial, lo que podría generar más desconfianza en la institución.
Denuncias contra la PNP por muertes en protestas bajo reserva
Una de las situaciones más críticas que podría verse afectada por esta medida es el acceso a las denuncias relacionadas con las muertes ocurridas durante las protestas sociales de 2022 y 2023. La nueva disposición blindaría las denuncias presentadas por ciudadanos o familiares, impidiendo el escrutinio público de las mismas. Esta situación se vuelve aún más relevante dado que más de 50 investigaciones fiscales siguen abiertas sobre las muertes y lesiones graves ocurridas en las manifestaciones.
Para los deudos de las víctimas, el acceso a estos expedientes es fundamental para exigir justicia y verificar si hubo encubrimiento institucional. La medida cierra por cinco años esta posibilidad de fiscalización pública.
Expertos critican la resolución de la PNP
El abogado Ronald Gamarra, en conversación con Epicentro, indicó que la resolución de la PNP va en contra de la Ley de Transparencia. Según Gamarra, la ley establece que la información en poder de las autoridades debe ser pública, y solo deben existir excepciones limitadas.
En sus palabras, esta medida de la PNP “excede las posibilidades de excepción permitidas por la ley” y busca ocultar denuncias contra efectivos policiales y otros organismos del Estado.
