El reciente escándalo político protagonizado por el ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, y el presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, ha desatado una ola de cuestionamientos legales tras la difusión de un audio en el que ambos son mencionados por supuestas gestiones para favorecer a un ex policía vinculado al crimen organizado.
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En la grabación, Santiváñez solicita a Arana intervenir a favor de Miguel Salirrosas, alias “El Diablo”, condenado por integrar la red criminal ‘Los Pulpos’. Este hecho podría constituir delitos como tráfico de influencias, peculado de uso e incluso abuso de autoridad, según diversos penalistas.
El rol de Santiváñez: tráfico de influencias y uso indebido de recursos públicos
Los expertos coinciden en que la situación más delicada recae sobre Juan José Santiváñez. El penalista Benji Espinoza sostiene que el ministro habría usado su cargo para ejercer influencia en beneficio de terceros. “Lo que habría es tráfico de influencias, concretamente en la actuación de Santiváñez,” afirmó, señalando que este delito podría sancionarse con hasta ocho años de prisión cuando lo comete un funcionario público.
Asimismo, otros especialistas, como Andy Carrión, advierten que Santiváñez habría incurrido en peculado de uso, al utilizar las instalaciones y recursos del Ministerio de Justicia para gestionar un asunto particular. Carrión señaló: “Lo segundo que yo creo que debería tenerse en cuenta es el peculado de uso, por la utilización de las oficinas del ministerio para gestionar casos particulares.”
Por su parte, el abogado Joel Córdova plantea que la conducta de Santiváñez también podría encajar en el delito de patrocinio indebido, al haber impulsado un interés ajeno dentro de la administración pública, valiéndose de su posición de poder.
La posición de Arana: ¿abuso de autoridad o respuesta irrelevante?
La responsabilidad penal de Eduardo Arana es menos clara. Si bien en el audio se le escucha decir “Lo veo ahorita” como respuesta al pedido de Santiváñez, no hay evidencia concreta de que haya ejecutado alguna acción efectiva.
Benji Espinoza indica que, si Arana no obtuvo beneficio personal ni participó activamente en una gestión, su caso no encajaría como tráfico de influencias. Sin embargo, podría haber incurrido en abuso de autoridad, cuya sanción va desde unos días hasta tres años de prisión. “Podríamos hablar de abuso de autoridad, sí, porque habría un acto, pues, arbitrario,” señaló el penalista.
Andy Carrión también considera que el premier podría haber incurrido en tráfico de influencias simulado, figura penal que sanciona incluso las gestiones ficticias o simbólicas.
No obstante, para Joel Córdova, lo que se escucha en el audio no es suficiente para imputar a Arana. En sus palabras, “es difícil advertir una figura típica o un delito porque lo único que le responde es: ‘lo vamos a ver ahora’. No hay un indicio claro de que haya materializado ese pedido.”
Posibles penas y escenarios legales
Si se confirma que hubo tráfico de influencias simulado, los implicados podrían enfrentar entre cuatro y ocho años de prisión. Por peculado de uso, la pena va de cuatro a seis años. En cambio, el patrocinio indebido, que sería el cargo menos grave, contempla una condena máxima de dos años.
El futuro legal de ambos funcionarios dependerá de la evolución de las investigaciones y de si se logra probar que las gestiones se concretaron o generaron beneficios indebidos.
