Por: Sandra Bellido Urquizo
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¿ Y Ahora Qué?… El reciente fallo del Poder Judicial que dispone la suspensión por 18 meses del Comandante General de la Policía Nacional del Perú (PNP), Víctor Zanabria Angulo, marca un capítulo crítico en la ya golpeada institucionalidad policial.
La medida preventiva, emitida por la Corte Superior de Justicia de Arequipa, responde a una serie de investigaciones por presuntos delitos de peculado y colusión agravada, en el sonado caso conocido como los “Policías albañiles”.
Según la denuncia del Ministerio Público, cuando Zanabria ejercía como jefe de la Macro Región Policial de Arequipa, habría ordenado a suboficiales realizar labores que nada tenían que ver con sus funciones oficiales: albañilería, construcción, electricidad, gasfitería y trabajos domésticos.
Estas actividades eran reportadas formalmente como servicios de patrullaje, lo que habría permitido encubrir un uso indebido de recursos humanos y, de acuerdo a la tesis fiscal, canalizar beneficios económicos personales hacia el entonces jefe policial.
Un liderazgo cuestionado y en crisis
Pero este no es el único cuestionamiento. Se le atribuye también haber mantenido presuntos acuerdos o filtraciones de información a mineros formales e informales en Arequipa, alertándolos sobre operativos policiales y debilitando así la capacidad del Estado para enfrentar actividades ilegales en la región.
Uno de los episodios más criticados en su gestión ocurrió en marzo de 2024, cuando se reveló que mientras en la provincia de Pataz (La Libertad) un grupo de delincuentes secuestraba y posteriormente asesinaba brutalmente a varios vigilantes mineros, el general Zanabria se encontraba en Lima participando en una celebración en un local nocturno.
Este hecho fue duramente cuestionado por la opinión pública, al poner en evidencia una falta de liderazgo y compromiso en momentos de crisis.
La lista de investigaciones se extiende. La Contraloría General de la República revisa actualmente la compra de 168 vehículos policiales de alta gama, entre ellos Toyota y Audi, por un monto cercano a los S/ 17.3 millones.
Se sospecha que la adquisición no habría seguido los procedimientos establecidos por el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), ni contaría con la documentación técnica adecuada.
Todo esto refleja que las investigaciones contra Zanabria no son recientes, sino que ya estaban en curso antes de que asumiera el máximo cargo en la PNP en 2023. Su designación, lejos de fortalecer la imagen institucional, ha terminado por profundizar la crisis de confianza en una de las instituciones más importantes del país.
La Policía Nacional cuenta con miles de efectivos comprometidos con la seguridad ciudadana, pero casos como el de Zanabria ponen en tela de juicio la transparencia y el control interno en los ascensos y nombramientos de los más altos mandos. Para muchos analistas, la suspensión no solo es necesaria, sino que abre la puerta a un debate urgente: ¿cómo garantizar que quienes llegan a la cúspide de la institución sean realmente idóneos y probos?
La seguridad en el Perú atraviesa un momento delicado, y cada cuestionamiento a los altos mandos se traduce en un espacio ganado por la delincuencia y el crimen organizado. La medida judicial puede interpretarse como un duro golpe a la cúpula policial, pero también abre la posibilidad de iniciar un verdadero proceso de depuración institucional.
Es el momento de designar a un nuevo jefe que asuma el cargo por mérito propio, sin cuestionamientos ni sombras, y que logre recuperar la credibilidad perdida. Solo así la Policía Nacional podrá volver a ser vista como la garante de la seguridad y la confianza ciudadana.
