El Sindicato de Construcción Civil de Arequipa se quedaría sin 60% de puestos de trabajo. El presidente de la Comisión de Infraestructura del Consejo Regional de Arequipa, Aarón Maldonado López, presentó una propuesta legislativa que busca derogar la Ordenanza Regional N.° 283-AREQUIPA y su modificatoria.
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Esta norma fue aprobada en 2014, durante la gestión del expresidente regional de Arequipa, Juan Manuel Guillén. Regula la distribución de la bolsa de trabajo en obras de construcción bajo la modalidad de Administración Directa en la región y dispone que el 60% de puestos de trabajo sean asignados al Sindicato de Construcción Civil, y el 40% restante a no agremiados.
La iniciativa de Maldonado surge tras denuncias de actos de violencia, paralizaciones de obras y un dictamen de la Gerencia Regional de Asesoría Jurídica, que considera la norma inconstitucional.
El consejero solicitó que sus colegas de comisión, Juan Carlos Huanca Molero y Marleny Arminta, se sumen a la propuesta o presenten una alternativa. Explicó que ello es necesario para que el tema sea debatido en sesión de consejo, donde se decida la nulidad o no de la cuestionada ordenanza.
Ordenanza y distribución laboral en Arequipa
La Ordenanza Regional N.° 283-2014 asigna el 60% de los puestos de trabajo a sindicatos de construcción civil registrados, mientras que el 40% restante se destina a la sociedad civil en general.
De acuerdo con la nueva propuesta, esta priorización resulta inconstitucional, pues vulnera el principio de igualdad de oportunidades y limita el acceso al empleo a quienes no forman parte de organizaciones sindicales.
Maldonado explicó que ocho sindicatos de construcción civil esperan que se derogue la norma, ya que su vigencia ha generado conflictos internos y exclusión en el sector.
Construcción Civil: Conflictos y paralizaciones en obras
El informe presentado al Consejo Regional detalla varios incidentes ocurridos en proyectos de Arequipa. En la obra de la Vía Regional Arequipa-La Joya, la residente de obra Reyna Salinas Machaca y su equipo técnico fueron agredidos por miembros de un sindicato de construcción civil. Según el reporte, estos gremios incurrieron en “protestas laborales injustificadas (brazos caídos)”, “actos de coacción y presión al personal técnico” e incluso en la “infiltración de personal externo no autorizado”.
Otro caso figura en un memorial presentado por la Asociación Asentamiento Humano Vivienda Taller Buena Vista-Pozo Negro-Paucarpata, en el que se denuncia que la obra de mejoramiento de la transitabilidad vehicular y peatonal en el distrito fue perjudicada por conflictos generados por el comité de obra del sindicato.
Los trabajadores, amparados en la norma que les garantiza el 60% de la cuota laboral, habrían ocasionado paralizaciones que retrasaron el proyecto y generaron sobrecostos, lo que llevó a la solicitud de ampliaciones de obra.
Argumentos legales y constitucionales
El dictamen de la Comisión de Infraestructura y Proyectos de Impacto Regional sostiene que la ordenanza es inconstitucional por varios motivos:
Vulneración de la igualdad: Favorece a los afiliados sindicales sobre la población en general, generando discriminación en el acceso al trabajo.
Infracción a la libertad de trabajo: Condiciona el empleo a la afiliación sindical, limitando un derecho constitucional.
Priorización de un sector: Otorga ventaja a un segmento de la sociedad en lugar de promover competencia en igualdad de condiciones.
Desactualización: No contempla la aparición de nuevos sindicatos desde su promulgación en 2014, lo que refuerza la exclusión.
La Gerencia Regional de Asesoría Jurídica también respalda la derogatoria. En su informe concluye que la ordenanza es “altamente contingente”, pues impone condiciones no previstas en la legislación nacional para acceder al empleo público, lo que contraviene el derecho fundamental al trabajo.
Derogatoria en debate en el Consejo Regional
La derogatoria de la ordenanza busca establecer un marco de igualdad en la contratación de mano de obra y garantizar mayor eficiencia en la ejecución de proyectos.
Según la propuesta, eliminar la cuota del 60% para sindicatos reduciría las paralizaciones y retrasos en obras, lo que significaría un ahorro para el tesoro público y un mejor aprovechamiento de los recursos destinados a la infraestructura regional.
