Durante la inauguración de la Megaobra Via Expresa Sur, el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, utilizó un discurso cargado de agresividad para referirse al periodista Gustavo Gorriti, emitiendo una amenaza de muerte directa en pleno evento público. En su intervención, López Aliaga afirmó que el periodista debía ser “cargado de una vez”, utilizando un término propio del argot del hampa peruano. Según el alcalde, Gorriti representaría un obstáculo para la implementación de tribunales militares en el país.
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Rafael López Aliaga: controversiales declaraciones sobre tribunales militares y amenazas
López Aliaga justificó sus palabras al señalar que un “terrucos urbanos” como Gorriti deberían ser considerados “objetivo militar” y juzgados en tribunales militares, los cuales, según él, resolverían el problema de la criminalidad en el país. Sin embargo, estas declaraciones contrastan con informes de instituciones como la Defensoría del Pueblo y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que alertan sobre la falta de independencia e imparcialidad de estos tribunales, además de señalar el riesgo de impunidad en favor de políticos y fuerzas militares.
Pero las amenazas no se limitaron solo a esta intervención. López Aliaga también vinculó a Gorriti con la exalcaldesa Susana Villarán, quien enfrenta un juicio por presuntos aportes ilegales de las constructoras brasileñas Odebrecht y OAS. El alcalde aseguró que Gorriti y Villarán formaban parte de un “conjunto de gente corrupta”, aunque no presentó pruebas que respaldaran sus acusaciones.
Defensa del periodista
En respuesta, Gustavo Gorriti, en una entrevista reciente para Epicentro TV, expresó que los discursos de López Aliaga están llenos de desinformación. Según el periodista, el alcalde repite constantemente lo que describe como “mantras desaforados”, los cuales, a su juicio, tienen un trasfondo de desinformación que busca manipular a la opinión pública.
Las amenazas hacia Gorriti han sido una constante desde 2019, cuando el periodista comenzó a ser objeto de hostigamientos y campañas que lo estigmatizaban bajo el término “terruco”. Además, en respuesta a estos ataques, la CIDH otorgó medidas cautelares para proteger la seguridad del periodista.
