El Ministerio Público y la Policía Nacional ejecutaron esta semana una serie de allanamientos en Lima y Ayacucho como parte de la operación “Ícaro”, que busca recabar evidencias sobre una presunta red de corrupción que habría beneficiado ilegalmente a la mina El Dorado. Entre los inmuebles intervenidos se encuentran la casa de Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta Dina Boluarte, y una oficina vinculada al actual ministro de Justicia, Juan José Santiváñez.
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Según la tesis fiscal, se sospecha que Santiváñez —cuando era ministro del Interior— habría recibido pagos de esta empresa minera a cambio de recuperar, mediante operativos policiales simulados, las minas Agripina 1 y 2. De acuerdo con las investigaciones, la presidenta Dina Boluarte habría solicitado al entonces ministro coordinar el “arraigo laboral” de su hermano con la referida empresa.
Nicanor Boluarte: Vínculos políticos y designaciones cuestionadas
La intervención de la Fiscalía ocurre justo antes de que el Tribunal Constitucional evalúe varios recursos presentados por Nicanor Boluarte contra las diligencias fiscales en su contra. Además, se da pocos días después de que el mismo tribunal dictaminara que la presidenta no puede ser investigada por el Ministerio Público mientras se mantenga en funciones.
Nicanor Boluarte es investigado por direccionar nombramientos de prefectos y subprefectos afines a su entorno, con el supuesto objetivo de fortalecer políticamente la gestión de su hermana. Nuevas indagaciones lo vinculan también con designaciones en otros sectores del Estado, incluyendo la fábrica de armas del Ejército (FAME).
En uno de los hechos más recientes, la Fiscalía identificó que Paulo Zevallos Rivarola fue nombrado gerente comercial de FAME en marzo, poco después de reunirse con Jorge Garboza, colaborador cercano de Nicanor Boluarte y director de la ONG “Las manos que ayudan de corazón”, y con el empresario Diego Alfaro Di Natale, proveedor habitual de esa institución. Días antes, la empresa que representa Alfaro, Industrias de Armas de Israel, firmó un contrato millonario con el Ministerio del Interior, en ese momento dirigido por Santiváñez.
Defensa rechaza acusaciones
El abogado de Nicanor Boluarte, Luis Vivanco, calificó los allanamientos como un acto de abuso por parte de la Fiscalía. Negó categóricamente cualquier vínculo entre su patrocinado y las personas involucradas en el caso, incluyendo a Santiváñez.
“Mi patrocinado no tiene nada que ver con una minera, no conoce al señor Santiváñez. No tiene conocimiento de ninguna persona que trabaje en una minera. Vincularlo con eso es un abuso absolutamente innecesario”, declaró Vivanco ante los medios.
Un caso más: ‘Waykis en la sombra’
Este nuevo caso se suma a la investigación abierta conocida como “Waykis en la sombra”, donde el hermano de la presidenta es señalado como presunto líder de una organización que habría traficado influencias para colocar a funcionarios leales en cargos estratégicos. La Fiscalía sostiene que las designaciones eran parte de una estrategia para consolidar poder territorial y político, a cambio de pagos o favores.
Actualmente, Nicanor Boluarte enfrenta restricciones judiciales por ese proceso, mientras intenta revertir las acciones fiscales a través de recursos presentados ante el Tribunal Constitucional.
