El reciente nombramiento de Juan José Santiváñez como ministro de Justicia y Derechos Humanos ha generado una fuerte ola de críticas desde el Congreso, debido a su censura previa como ministro del Interior. La decisión de la presidenta Dina Boluarte de reincorporarlo al Gabinete ha sido vista por muchos parlamentarios como una muestra del afán del Ejecutivo por mantener a su círculo cercano en el poder, a pesar de las controversias en torno a la gestión de Santiváñez.
Las decisiones de Dina Boluarte: rechazo generalizado en el Congreso
Varios congresistas se han manifestado en contra de esta designación. La congresista Sigrid Bazán afirmó que la reincorporación de Santiváñez evidencia el deseo de la mandataria de sostener su «pequeño séquito» en el poder. Jaime Quito también calificó esta decisión como una de las más cuestionables del Gobierno, acusando a la gestión de Boluarte de ser «corrupta y represiva». Otros parlamentarios, como Flor Pablo y Susel Paredes, enfatizaron que este nombramiento representa una burla al pueblo peruano, recordando que Santiváñez fue censurado previamente por su incompetencia y cuestionando la relación estrecha entre él y la presidenta.
Juan Santiváñez regresa al Ejecutivo con cuestionamientos
Juan José Santiváñez, quien hasta hace poco era asesor en Palacio de Gobierno, regresa al Poder Ejecutivo como titular del Ministerio de Justicia, ocupando el cargo vacante tras la salida de Enrique Alcántara. A pesar de estar bajo una orden judicial que le prohíbe salir del país debido a una investigación por presunto tráfico de influencias, Santiváñez asume con el respaldo de Boluarte, quien ha sido crítica de la Fiscalía y el Poder Judicial. Este nombramiento también responde a una estrategia política mayor: promover una reforma al sistema de justicia y distanciarse de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, una postura que Santiváñez comparte plenamente.
La designación de Santiváñez como ministro de Justicia sigue suscitando debates sobre la dirección política del Gobierno y la relación entre el Ejecutivo y las instituciones del país.
