Por: Sandra Bellido Urquizo
¿Y Ahora Qué?… Blindaje, privilegios y escándalos… No hay día en que el país no amanezca envuelto en un nuevo escándalo político. Las decisiones judiciales, los movimientos en el Congreso y los cambios en el gabinete ministerial confirman que los intereses personales y partidarios continúan prevaleciendo sobre el bienestar ciudadano.
La semana pasada, el Tribunal Constitucional (TC) emitió un fallo que ha causado amplio debate. Determinó que, bajo el artículo 117 de la Constitución de 1993, el Ministerio Público no puede investigar a un presidente en funciones, salvo por cuatro causales muy específicas:
1. Traición a la patria.
2. Impedir elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales.
3. Disolver el Congreso fuera de lo permitido por la Constitución.
4. Impedir el funcionamiento de los órganos electorales.
En consecuencia, la presidenta Dina Boluarte queda blindada de cualquier investigación por presuntos actos de corrupción o enriquecimiento ilícito durante su mandato. Este fallo ha sido interpretado por algunos analistas como un “escudo de impunidad” y refuerza las críticas contra el sistema político y judicial.
Boluarte celebró la decisión, denunciando que es víctima de “lawfare”: el uso del sistema judicial como herramienta para perseguir, desacreditar o eliminar adversarios políticos. Sin embargo, sectores de la oposición y de la sociedad civil consideran que el TC está protegiendo a la mandataria en medio de cuestionamientos sobre presuntos casos de corrupción y enriquecimiento ilícito.
Blindaje y escándalos: el retorno de Juan José Santiváñez
Otro foco de polémica gira en torno a Edwin Vergara, quien fue elegido presidente de la Comisión de Ética Parlamentaria para el periodo 2025-2026. Su designación ha generado rechazo incluso dentro de su propio partido, Acción Popular, debido a las graves acusaciones que enfrenta por presunta organización criminal, tráfico de influencias y colusión agravada.
Estas investigaciones están relacionadas con el caso denominado “Los Niños”, donde varios congresistas son señalados de haberse alineado al gobierno de Pedro Castillo a cambio de beneficios políticos y económicos.
El gobierno también enfrenta críticas por el retorno de Juan José Santiváñez como ministro de Justicia y Derechos Humanos, en reemplazo de Enrique Alcántara Medrano.
Santiváñez no es ajeno a la controversia: Cuando fue ministro del Interior, enfrentó investigaciones por presunto tráfico de influencias y su vivienda en La Molina fue allanada dos veces por la Fiscalía y la Policía Anticorrupción. En marzo de 2025, el Congreso lo censuró con 79 votos a favor por su “incapacidad” para enfrentar la inseguridad ciudadana.
Pese a ello, semanas después, Boluarte lo nombró jefe de la Oficina de Monitoreo Intergubernamental, desde donde construyó redes de poder con ministros, congresistas, gobernadores y altos mandos policiales. Este rol le valió el apodo de “primer ministro en la sombra”.
Su retorno al gabinete confirma su creciente influencia en el entorno de Dina Boluarte y refuerza la percepción de que ciertos actores políticos, pese a sus cuestionamientos, concentran cada vez más poder.
En el Congreso también pusieron en agenda el incremento salarial que fijaba los ingresos mensuales de los nuevos parlamentarios en 34,900 soles, una cifra que indignó a la ciudadanía debido a la crisis económica y social que atraviesa el país. Ante la fuerte presión pública, los congresistas tuvieron que retractarse, aunque el episodio dejó en evidencia la desconexión entre el Parlamento y la realidad nacional.
Con un panorama económico complejo, altos índices de inseguridad, la clase política parece más enfocada en mantener sus cuotas de poder que en atender las urgentes necesidades del país.
