La Fiscalía Especializada en Delitos de Ciberdelincuencia de Arequipa avanza en las investigaciones por el millonario fraude cibernético que afectó a la Municipalidad Distrital de Yura y al Gobierno Regional de Arequipa (GRA), con un perjuicio total que supera los 2 millones de soles. El dinero fue a dar a tres cuentas bancarias de dos empresas nacionales.
El fiscal a cargo del caso, Edder Jafeth Salas, confirmó que tres cuentas de dos empresas están vinculadas a la sustracción de aproximadamente 1.7 millones de soles en Yura y 700 mil soles en el GRA. En ambos casos los delincuentes llamaron a los funcionarios para señalar supuestas malas transacciones y el bloqueo de sus cuentas.
Las indagaciones apuntan a que se trata de una organización criminal posiblemente extranjera, que operó de forma coordinada para atacar a ambas entidades en menos de 48 horas.
Según la Fiscalía, los delincuentes se hicieron pasar por funcionarios del Banco de la Nación y utilizaron un sistema para enmascarar su número telefónico, haciendo que en la pantalla del receptor apareciera como si la llamada proviniera de dicha entidad financiera.
En Yura, el fraude ocurrió el 24 de julio y fue denunciado ese mismo día. Los ciberdelincuentes contactaron a personal de tesorería advirtiendo que las cuentas serían bloqueadas y que para desbloquearlas enviarían un código a los celulares personales de los funcionarios. Al seguir las instrucciones, los trabajadores facilitaron involuntariamente el acceso a las claves y contraseñas necesarias para realizar las transferencias.
Funcionarios del GRA no asisten a citaciones de la fiscalía
En el caso del GRA, el delito se produjo el 25 de julio, pero la denuncia recién fue presentada el 30 de julio. Los denunciantes no detallaron de manera precisa cómo se ejecutó el robo, aunque la modalidad habría sido similar.
El magistrado precisó que la denunciante (que sería la tesorera) no se se presentó a la declaración ante la fiscalía, por lo que se desconoce los detalles de como ocurrió esta ciber estafa.
En ambos casos se efectuaron tres transferencias bancarias, coincidiendo una de las empresas receptoras del dinero, lo que refuerza la hipótesis de un mismo grupo criminal detrás de ambas operaciones.
El fiscal Salas explicó que los estafadores ya contaban con información personal de los funcionarios, lo que les permitió presentarse como personal bancario de forma convincente y ganarse la confianza de las víctimas. “Es la primera vez que nuestro despacho investiga un caso de fraude digital en el que el Estado es víctima directa por un monto tan alto”, precisó.
Levantaron secreto de comunicaciones
La investigación preliminar incluye el rastreo del dinero y el levantamiento del secreto bancario de las cuentas receptoras, pedido que ya fue presentado al Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Cerro Colorado, a cargo del juez Raúl Ruiz Paredes, quien ha dispuesto atender el caso con celeridad.
Por ahora, los funcionarios de ambas entidades son considerados testigos, aunque las procuradurías del GRA y de Yura deberán evaluar si existió responsabilidad administrativa o legal.
La Fiscalía cuenta con un plazo inicial de 60 días para esclarecer los hechos, con la posibilidad de ampliar el tiempo y declarar el caso complejo debido a la magnitud del perjuicio económico.
