No solo la municipalidad distrital de Yura fue víctima de los ciberdelincuentes, bajo la misma modalidad también sufrió el robo de 700 mil soles el Gobierno Regional de Arequipa. Es por ello que la Fiscalía Provincial Transitoria Especializada en Ciberdelincuencia de Arequipa inició investigación preliminar contra quienes resulten responsables del delito de fraude informático, en agravio de ambas instituciones.
En ambos casos la Disposición fiscal de apertura de investigación preliminar fueron emitidas el mismo día que los agraviados interponen su denuncia. Los primeros en denunciar fueron empleados de administración financiera de la comuna de Yura. Los agraviados indicaron que en la mañana del 24 de julio fueron contactados telefónicamente por un sujeto que se hizo pasar por empleado del Banco de la Nación.
Para ganar su confianza, el desconocido les reveló datos personales y les informó que había detectado movimientos sospechosos en la cuenta, por lo que la había bloqueado como medida de seguridad.
Para “desbloquearla”, les solicitó desarrollar una serie de procedimientos los cuales fueron cumplidos por los agraviados para tenerla operativa pasado el mediodía, sin embargo, esto no sucedió.
Al sospechar del engaño, contactaron al personal de Multired Empresarial del Banco de la Nación, quienes alertan que se trata de un fraude para posteriormente denunciar el ilícito congelando la cuenta. Sin embargo, los desconocidos ya habían realizado movimientos bancarios por un monto superior a los S/ 2 millones
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En el caso del Gobierno Regional de Arequipa, el hecho fue denunciado el 30 de julio. La agraviada indicó que el 21 de julio recibió una llamada supuestamente desde un teléfono fijo del Banco de la Nación.
Un sujeto le advirtió que se había detectado una transacción desde un dispositivo no autorizado, por lo que bloquearon las cuentas como precaución. La denunciante indicó no obedecer al desconocido, pero el 25 de julio descubrió transferencias no reconocidas por más de S/ 700 mil.
Ambos casos la fiscalía dispuso la realización del trámite para el levantamiento del secreto bancario de las cuentas receptoras para identificar a sus representantes legales, se recabe la declaración de los representantes de las entidades públicas agraviadas entre otras diligencias. Todo ese trabajo se realiza en coordinación con el personal del Departamento de Investigación de Delitos de Alta Tecnología.
