¿En qué estaría involucrado César Acuña?. Una empresa creada en 2023 por una joven de 23 años, sin experiencia previa en obras públicas, ha conseguido adjudicaciones estatales por más de S/545 millones en las regiones de La Libertad, Junín y Loreto. La firma, LC & EC Constructora, Consultora y Servicios S.A.C., ha ganado licitaciones de gran escala mediante consorcios con empresas técnicas, pero asumiendo la mayor parte de la ejecución, lo que ha generado serias dudas sobre la transparencia y legalidad de estos procesos.
César Acuña: ¿Qué ocurrió entre la empresa de la joven y el Gobierno Regional de La Libertad?
Los primeros contratos se dieron durante la gestión de César Acuña en La Libertad, donde la empresa logró dos adjudicaciones por un total de S/315.6 millones: uno para un corredor vial y otro para el mejoramiento de un hospital. Posteriormente, en abril de 2025, el Gobierno Regional de Junín le otorgó más de S/207 millones para una obra hospitalaria en Satipo, proceso en el cual 11 postores fueron descalificados y el consorcio liderado por LC & EC quedó como único oferente. Días después, en Loreto, la empresa se adjudicó una obra de más de S/22 millones para la mejora del Hospital Regional Felipe Arriola Iglesias.
En todos los casos, LC & EC integró consorcios con empresas que contaban con experiencia técnica, pero que solo participaron con porcentajes mínimos —de entre 1% y 10%— mientras la joven empresa asumía hasta el 99% de la responsabilidad del contrato. Este modelo, aunque legal, ha sido observado por especialistas debido a los vacíos normativos que permite aprovechar.
Las adjudicaciones están siendo investigadas por la Contraloría y la Fiscalía Anticorrupción, debido a la falta de personal técnico acreditado en LC & EC, la ausencia de experiencia comprobada y posibles reuniones previas entre los representantes de la empresa y autoridades regionales. Estas irregularidades han generado cuestionamientos sobre los controles existentes en las contrataciones públicas y sobre la aplicación de la Ley N.° 32103, que permitió omitir cartas fianza en algunas adjudicaciones.
