Mientras las cifras de homicidios en Lima registraban un incremento del 6,8% en el primer semestre de 2025, varios altos oficiales de la Policía Nacional del Perú participaron en una fiesta no oficial la noche del 27 de julio, en vísperas de Fiestas Patrias. El evento se realizó en el exclusivo local Villa Cosentino, en Chorrillos, sin contar con autorización institucional y en medio de una creciente crisis de inseguridad ciudadana.
En la reunión participaron seis tenientes generales, 40 generales y cinco coroneles. Entre los asistentes estuvieron el comandante general de la PNP, Víctor Zanabria Angulo; el jefe del Estado Mayor General, Óscar Arriola Delgado; el inspector general, Jhonny Núñez Noriega; y el jefe de la Dirección de Inteligencia, Augusto Ríos Tiravanti, entre otros altos mandos. También se identificó la presencia de oficiales de unidades clave como la Dircote, la Policía Fiscal y la Dirección de Trata de Personas.
La celebración incluyó cena, bebidas alcohólicas y música en vivo a cargo de la Orquesta Candela. Cada invitado habría pagado alrededor de S/400 por el evento, que incluyó “corcho libre”. Ninguno de los participantes quiso declarar sobre el motivo del festejo, y varios evitaron a la prensa tras retirarse del lugar en la madrugada del 28 de julio.
Policía: ¿Los homicidios en aumento?
Pese a que la Policía difundió días después un comunicado asegurando una disminución de homicidios, el analista de datos Juan Carbajal desmintió dicha información. Según datos del Sistema de Información de Denuncias Policiales (SIDPOL), entre enero y junio de 2025 se registraron 564 homicidios en Lima Metropolitana y Lima región, frente a los 528 del mismo periodo en 2024, lo que representa un incremento del 6,8%.
El evento ha generado duras críticas, en particular porque uno de los asistentes, el general Ríos Tiravanti, ya había sido relevado de un cargo anterior por bajo rendimiento en materia de seguridad, y uno de sus hombres de confianza fue vinculado a una red criminal dedicada a la minería ilegal.
Ante la polémica, el ministro del Interior, Carlos Malaver, anunció el inicio de una investigación interna para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes. La fiesta no figuraba como parte de la agenda oficial de la Policía Nacional.