El Ministerio Público ha iniciado una nueva línea de investigación contra la presidenta Dina Boluarte, ahora por el presunto delito de financiamiento prohibido de organizaciones políticas. Esta pesquisa se incorpora al expediente por lavado de activos que ya enfrenta la mandataria, y gira en torno a un supuesto aporte de 150.000 soles que habría sido entregado por el empresario Eduvigis Beltrán Salinas durante la campaña presidencial de 2021.
La Fiscalía Especializada en Lavado de Activos está a cargo de esta ampliación, que incluye tanto a Boluarte como a Beltrán. En este contexto, se ha precisado que no se necesita la autorización del Congreso para investigar a la jefa de Estado, ya que no se encuentra bajo la condición de aforada para este caso.
Los hechos investigados se remontan a la semana del 19 al 26 de mayo de 2021. Durante ese periodo, Beltrán habría entregado el dinero a favor de Boluarte a través de su exasistente, Marcela Saldarriaga, en el marco de la campaña en la que ella postuló como candidata a la vicepresidencia junto a Pedro Castillo, por el partido Perú Libre.
Según documentos del caso a los que tuvo acceso la prensa, se presume que el empresario retiró los fondos de su patrimonio personal o de alguna de sus empresas. Por ello, la Fiscalía ha ordenado una indagación patrimonial que abarcará el mes de mayo de 2021 para esclarecer el origen del dinero.
Además, se ha recogido la versión de Henry Shimabukuro, quien sostiene que Boluarte y Beltrán se habrían reunido en el local de Perú Libre con el propósito de entregar el dinero en apoyo a los gastos de campaña para la segunda vuelta electoral. También se registró un intento de encuentro entre ambos el 19 de mayo en un restaurante de San Isidro, donde finalmente la actual presidenta no se presentó.
Dina Boluarte: ¿Qué respondió su defensa?
El abogado de Boluarte, Juan Carlos Portugal, sostuvo que esta información ya fue materia de análisis por parte de la fiscal de la Nación, quien archivó una denuncia relacionada y derivó el tema de los aportes a la fiscalía que lleva el caso de lavado de activos. Según explicó, esta fiscalía decidió incluir la nueva evidencia meses después.
