El líder de Alianza para el Progreso (APP), César Acuña, ha retomado su presencia en el escenario político nacional con un claro enfoque en las elecciones presidenciales de 2026. Durante una reciente visita a la región Piura, Acuña apareció acompañado de simpatizantes y miembros de su partido, desplegando banderas y arengas partidarias en lo que se percibe como el inicio de su campaña. A pesar de continuar ejerciendo como gobernador regional de La Libertad, el político ha utilizado sus redes sociales para difundir estas actividades, lo que ha generado críticas por un presunto uso indebido de recursos públicos y funciones oficiales para fines electorales.
En diversos actos oficiales, Acuña ha aprovechado la coyuntura para fortalecer su imagen pública, como en el caso del anuncio de la construcción del nuevo Hospital Belén en Trujillo. En estos eventos también participa el ministro de Salud, César Vásquez, quien es militante de APP, lo que ha sido cuestionado debido a que su cargo exige una estricta imparcialidad. Se presume, además, que algunos de sus traslados estarían siendo cubiertos con fondos públicos.
Especialistas advierten que Acuña debe renunciar a su cargo como máximo el 13 de octubre de este año si desea postular a la Presidencia, según lo establece la normativa electoral. De hacerlo, sería reemplazado por la vicegobernadora Joana del Rosario Cabrera Pimentel, también integrante de APP.
Durante su actual gestión regional, Acuña ha acumulado un total de 128 días de ausencia de su despacho, de los cuales 85 corresponden a licencias sin goce de haber, lo que ha generado cuestionamientos respecto a su compromiso con la administración regional.
César Acuña en campaña presidencial: ¿Qué sostienen los especialistas?
En entrevista con La República, el politólogo Alejandro Mejía, docente de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, consideró que las acciones del líder de APP constituyen una infracción a las reglas electorales vigentes, ya que funcionarios públicos como él están obligados a respetar el principio de neutralidad. Para Mejía, esta situación refleja una instrumentalización del cargo público con fines partidarios, algo que también se observa en casos similares como el del alcalde de Lima, Rafael López Aliaga.
El experto añadió que no solo Acuña y su entorno político son responsables, sino también el Consejo de Ministros y el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), a quienes criticó por su débil fiscalización. Según explicó, el Código de Ética de la Función Pública exige imparcialidad, pero en la práctica, las denuncias de este tipo rara vez prosperan debido al temor a represalias y a una cultura de permisividad con estos actos dentro de la clase política.
Esta situación pone en evidencia la falta de control efectivo frente al uso político de los recursos estatales y la necesidad urgente de reforzar la vigilancia sobre los funcionarios en ejercicio que, como Acuña, ya se perfilan como candidatos.
