La presidenta Dina Boluarte defendió públicamente el reciente incremento de su salario, que pasó de S/15.600 a S/35.568 mensuales, señalando que se trata de una medida amparada en el marco legal vigente. Durante una conferencia de prensa realizada el sábado 6 de julio, la mandataria argumentó que el ajuste responde a las disposiciones de la Ley Servir y forma parte del proceso de reordenamiento salarial en el aparato estatal.
Aunque el evento fue convocado para abordar el proceso de formalización minera (Reinfo), la ausencia prolongada de Boluarte en los medios llevó a los periodistas a abordar otros temas, incluyendo los cuestionamientos por el aumento de su remuneración, las investigaciones en su contra y el contexto de inseguridad que atraviesa el país.
Frente a estas preguntas, la presidenta inicialmente evitó dar respuestas, alegando que solo atendería interrogantes vinculadas a la temática central de la conferencia. No obstante, al ser insistida, explicó que el reajuste salarial está enmarcado en un proceso de regularización promovido por la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir), que busca unificar el régimen laboral del sector público.
Boluarte sostuvo que el Estado ha venido operando con una mezcla de regímenes laborales —como la Ley 276, la Ley 728, los contratos CAS, entre otros—, lo cual ha generado distorsiones que el sistema Servir busca corregir. En ese contexto, indicó que su despacho también ha sido incorporado a ese proceso de reforma, por lo que —según indicó—»nadie está al margen de la ley».
Caso Dina Boluarte: ¿Qué dijeron algunos especialistas?
Pese a esta defensa, especialistas en administración pública y analistas políticos consideraron que, si bien el ordenamiento salarial es necesario, el caso específico de Boluarte representa una decisión inoportuna. El politólogo Fernando Tuesta manifestó que si bien el presidente debería, en principio, liderar la jerarquía salarial del Estado, hacerlo en medio de una desaprobación generalizada transmite un mensaje negativo y genera rechazo.
En la misma línea, el exdefensor del Pueblo Walter Albán criticó con dureza la medida, señalando que la mandataria no ha mostrado méritos suficientes en su gestión que justifiquen un incremento de esta magnitud. Además, cuestionó la falta de sensibilidad política al solicitar un beneficio económico en un contexto de alta desaprobación ciudadana y crisis institucional.
La controversia por el incremento salarial de la presidenta se suma a una serie de cuestionamientos recientes relacionados con el uso de recursos públicos, adquisiciones personales y la falta de transparencia en algunas decisiones del Ejecutivo. Mientras tanto, en el Congreso, varias bancadas ya han presentado propuestas legislativas para revertir el aumento y establecer mecanismos de control más estrictos sobre los sueldos de altos funcionarios.
