Tras tres días de audiencia, la Fiscalía Provincial Penal Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Arequipa, logró que se dicte 18 meses de prisión preventiva para la enfermera Sussy Angélica Sánchez Gonzales investigada por el presunto delito de tráfico de influencias agravado al ofrecer adjudicar “puestos de trabajo” en EsSalud a cambio de dinero.
Al momento de emitir la resolución el Poder Judicial valoró los fundados y graves elementos de convicción contra la enfermera sustentados por la Fiscalía como: videos, grabaciones de voz, mensajes de texto, correos electrónicos, estados de cuenta, boucher, entre otros documentos.
Todas estas pruebas corroboran los testimonios de las ocho personas a quienes la enfermera investigada ofreció puestos de trabajo en EsSalud a cambio de dinero. Además, de la falta de arraigos y el peligro de fuga.
Asimismo resolvió que no procede la confesión sincera planteada durante la audiencia por la defensa de la investigada porque ella no reconoce los hechos imputados por la Fiscalía. Y, que el argumento de la defensa de la enfermera de padecer de ludopatía (juega en los casinos) con lo cual disminuye su responsabilidad penal no estaba acreditado oficialmente con una pericia o diagnóstico médico.
Enfermera pedía hasta 12 sueldos para “acceder al trabajo”
Según la investigación entre el 2022 y el 2024, la enfermera ofreció a ocho profesionales de la salud (Obstetra, Médico Otorrino, Técnicas de Enfermería y Odontólogos) interceder ante los encargados de las convocatorias de personal en EsSalud para ser beneficiados con plazas de acuerdo a su especialidad; para lo cual solicitó aproximadamente 12 sueldos, entre 80 mil soles a 60 mil soles.
Las personas confiadas de ingresar a trabajar en el Seguro Social, debían realizar un adelanto para la separación de la plaza, luego completar el 50% del pago antes del examen o apenas realicen la postulación y el 50% del dinero debía ser entregado una vez adjudicada la plaza ofrecida. Ante el incumplimiento de las plazas prometidas, las personas pidieron la devolución del dinero entregado lo cual no se concretó.
El Ministerio Público formalizó investigación preparatoria contra la enfermera y por el delito continuado se estima una sanción probable no menor de ocho años de pena privativa de la libertad.
