El Gobierno peruano se encuentra evaluando la posibilidad de recibir ciudadanos extranjeros detenidos en Estados Unidos, como parte de un plan impulsado por la administración de Donald Trump para facilitar deportaciones masivas y establecer acuerdos bilaterales con diversos países. Según reveló el New York Times, Perú figura entre las naciones consideradas estratégicas para la implementación de este plan.
La propuesta estadounidense forma parte de una reforma legislativa que busca acelerar procesos de deportación y reducir los obstáculos judiciales. No obstante, ha generado preocupación entre las autoridades, debido a la ya crítica situación del sistema penitenciario nacional, que presenta una sobrepoblación superior al 40%. Además, el país enfrenta un aumento de reclusos extranjeros vinculados a organizaciones criminales y delitos de narcotráfico.
Presos desde EE.UU. a Perú: ¿Qué dijeron las autoridades?
A pesar del contexto, el ministro de Justicia, Enrique Alcántara, confirmó que el tema está siendo evaluado:
“Por el momento, no hay ninguna línea decidida sobre la recepción de detenidos en nuestras cárceles. Nuestra prioridad es mejorar las condiciones carcelarias”, declaró.
Según fuentes diplomáticos, funcionarios han advertido que aceptar este tipo de acuerdos podría tener implicancias políticas y humanitarias. De hecho, la directora de la organización Humanidad Sin Fronteras advirtió que “aceptar a presos en condiciones de hacinamiento es una violación a estándares internacionales y puede derivar en nuevas denuncias contra el Estado peruano”.
En paralelo, el Tribunal Constitucional ha otorgado al Gobierno plazo hasta el año 2030 para implementar un plan de deshacinamiento carcelario, evidenciando lo delicado de la situación interna.
Al ser consultado sobre si se trataría de repatriar también a presos peruanos desde el extranjero, Alcántara aclaró que “aún no se ha discutido con claridad”, aunque remarcó que no se está hablando de delincuentes de nacionalidad peruana, sino de extranjeros con residencia irregular o que ya hayan cumplido una condena en Estados Unidos.
Según fuentes diplomáticas citadas en reserva, funcionarios peruanos —incluido el embajador Gustavo Schialer— habrían señalado que el Gobierno “reconsideraría la opción para ayudar a los amigos”.
Mientras tanto, el gobierno de Trump busca cerrar estos acuerdos antes de las elecciones de noviembre, con el fin de reforzar su discurso de mano dura en política migratoria. Además de Perú, países como El Salvador y Guatemala también están en la lista de posibles aliados para la implementación del plan.
