La Contraloría General de la República, a través del informe de orientación de oficio N.º 018-2025.OCI/1313-SOO, reveló serias irregularidades en la Municipalidad Distrital de Socabaya, Arequipa, durante las marchas y protestas de la llamada «portátil», que apoyó al alcalde Roberto Muñoz Pinto, en dos sesiones de concejo.
Dos locadores de servicios con contratos vigentes participaron activamente de estas protestas de apoyo, durante las sesiones de concejo donde se debatía su vacancia, los días 2 y 17 de junio. Los servidores involucrados fueron identificados mediante registros audiovisuales difundidos en medios de comunicación locales. Uno de ellos figura contratado con la Orden de Servicio N.° 699 (21 de marzo de 2025) y el otro con la Orden de Servicio N.° 1295 (3 de junio de 2025).
“La situación expuesta puede generar un conflicto de intereses en el cumplimento de las funciones de los funcionarios o servidores públicos de la Entidad que requieren un locador de servicios o en el correspondiente otorgamiento de la conformidad”, señalan en el documento de la Contraloría.
Los funcionarios que aprueban los servicios de los locadores, habrían sido designados por el propio alcalde, lo que compromete la transparencia e imparcialidad en el proceso de contratación y fiscalización municipal.
Contraloría detectó inasistencia de trabajadores en Socabaya
Además, el informe detectó una segunda grave observación: la inasistencia del personal municipal en áreas clave durante las jornadas de protesta. Oficinas como OMAPED, Vaso de Leche y SISFOH no atendieron al público, lo cual afectó directamente a la población vulnerable del distrito.
La gerente de Desarrollo Social, Tatiana Muto Galdos, responsable de supervisar dichas áreas, no garantizó la continuidad de los servicios ni la presencia de los trabajadores bajo su cargo.
Estas observaciones del OCI en Socabaya dejan en evidencia serias fallas en la gestión municipal, tanto en términos de ética administrativa como de servicio público. La Contraloría ha recomendado que se tomen medidas correctivas inmediatas para garantizar que los recursos humanos de la comuna sean utilizados exclusivamente para fines institucionales y no políticos.
El documento de la Contralorías es de acceso público y se encuentra en la web institucional del órgano de control.
