Según datos de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), entre los años 2022 y 2025 se detectó un movimiento financiero sospechoso de más de US$ 2,804 millones, de los cuales US$ 2,248 millones —equivalente al 80%— estarían directamente vinculados a actividades de minería ilegal.
Durante su reciente presentación ante el Congreso en el marco del pedido de voto de confianza, el presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, reveló cifras alarmantes sobre el impacto económico de la minería ilegal en el país.
La UIF elaboró 161 informes en los que se detallan operaciones financieras presuntamente ligadas a este ilícito, lo que demuestra la creciente sofisticación y expansión del crimen organizado en torno a esta actividad. Estos datos reflejan una problemática estructural que compromete no solo la economía formal, sino también el medio ambiente y la seguridad en diversas regiones del país.
Cabe recordar que un reporte previo de la misma entidad, referido al periodo 2012-2022, ya había alertado sobre 3,905 reportes de operaciones sospechosas relacionadas con minería ilegal, por un monto total de US$ 18,478 millones, confirmando la persistencia y el crecimiento exponencial del problema.
Frente a este escenario, Juan Carlos Ortiz, vicepresidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), advirtió que las cifras actuales podrían ser aún mayores, ya que la minería ilegal no se limita al oro, sino que también involucra otros minerales como el cobre. Ortiz resaltó que al tratarse de una actividad ilícita y no bancarizada, es extremadamente difícil establecer un registro preciso de su volumen real.
Minería ilegal: hay que realizar planes de manejo ambiental
El experto subrayó la urgencia de implementar reformas legales que permitan operar únicamente a mineros que cuenten con títulos habilitantes, como concesiones o contratos de explotación, así como planes de manejo ambiental y cumplimiento de normas laborales.
Según Ortiz, sin estos requisitos básicos, el país continuará enfrentando un esquema de venta indiscriminada de explosivos, uso de insumos químicos sin control, invasiones de concesiones mineras y libre comercialización de minerales ilegales, lo cual perpetúa un sistema informal y delictivo que atenta contra el desarrollo sostenible del sector minero.
En este contexto, la formalización minera y el fortalecimiento del control estatal se perfilan como pilares fundamentales para enfrentar una problemática que va más allá del aspecto económico, al estar estrechamente ligada al deterioro ambiental, la explotación laboral y el financiamiento de organizaciones criminales.
