Por Sandra Bellido Urquizo
¿Y ahora qué?… El Ejecutivo acaba de promulgar una ley que promete cambiar las reglas del juego: los delincuentes extranjeros deberán abandonar el país tras cumplir su pena. Sin embargo, expertos advierten que su aplicación será todo un reto.
La Ley N° 32372 modifica el Código Penal y el Código de Ejecución Penal para garantizar que los infractores no puedan permanecer en el país tras cumplir su condena o acceder a beneficios penitenciarios.
La nueva legislación establece que los extranjeros sentenciados no podrán retornar al Perú durante un período equivalente a la pena máxima del delito cometido, una medida destinada a disuadir la reincidencia.
Es decir, si el preso es condenado a 15 años de prisión, no podrá volver a Perú en ese mismo periodo de tiempo.
Sin embargo, la aplicación de esta norma se torna muy compleja y plantea numerosos desafíos, porque sería casi imposible impedir que los extranjeros sentenciados puedan volver a ingresar al Perú.
Expertos en seguridad y control fronterizo advierten que la normativa podría quedarse en el papel debido a la dificultad de controlar todos los pasos fronterizos, muchos de los cuales son informales o de difícil vigilancia.
No es la primera vez que se intenta implementar una medida similar. En 2021, durante el gobierno de Pedro Castillo, se dio un plazo de 72 horas para que delincuentes extranjeros abandonaran el país.
Aquella disposición nunca se cumplió, y los índices de criminalidad continuaron en aumento, con delitos cada vez más violentos.
¿Y ahora qué?… en el 2024 ya había 5 mil extranjeros presos
Para julio de 2024, había casi 5 mil extranjeros internos en todos los establecimientos penitenciarios del Perú y de ellos el 75% eran venezolanos, seguido por colombianos en menor cantidad.
Otra de las medidas que se está discutiendo en el ejecutivo y el mismo Congreso para luchar contra la inseguridad, es la posibilidad de que los internos más avezados cumplan condena en cárceles de máxima seguridad de El Salvador, con el fin de descongestionar los penales peruanos.
Sin embargo, aún no hay ningún pedido formal a las autoridades salvadoreñas y nada garantiza que se efectivice, pues hay voces contrarias que señalan que esa medida es inconstitucional, ya que los presos solo pueden purgar condena en sus países de origen.
Mientras no se definan estrategias integrales y multisectoriales para combatir esta lacra social, los ciudadanos seguiremos viviendo bajo la constante amenaza de estas bandas delincuenciales.
