La Contraloría General identificó un perjuicio de S/ 3 817.145 a la Municipalidad Provincial de Arequipa (MPA) por pagos indebidos, excesivos e inaplicación de penalidades en la ejecución de la obra mejoramiento de la interconexión vial entre las avenidas Andrés Avelino Cáceres y Daniel Alcides Carrión (óvalo de los Bomberos) en el distrito de José Luis Bustamante y Rivero, en Arequipa.
El Informe de Auditoría de Cumplimiento detalló que el contrato firmado el 2 de noviembre del 2017 preveía el inicio de la obra el 21 del mismo mes, con un plazo de ejecución de 210 días calendario y con un presupuesto de S/ 34 154.072. La fecha fijada para su culminación era el 18 de junio de 2018. Sin embargo, la obra fue concluida el 15 de noviembre de 2018 y recibida el 18 de diciembre de 2018 con un costo final de S/ 37 700.917.
Durante la ejecución del proyecto se aprobaron tres adicionales y dos suspensiones de trabajos por 45 días, así como una modificación del contrato, lo que permitió la variación del programa de ejecución y el calendario de avance de la obra en 105 días calendarios y se amplió su finalización al 15 de noviembre del 2018.
La modificación convencional al contrato, sin contar con sustento legal, ni técnico, permitió otorgar un mayor plazo de ejecución a favor del contratista cuando no correspondía, limitó la aplicación de penalidad por S/ 3 423.111 y permitió que se modifique el plazo contractual de la supervisión, con un pago indebido de S/ 260.764.
Además, funcionarios de la MPA aprobaron la liquidación de obra con cálculos de reajustes errados, lo que ocasionó un pago en exceso al ejecutor de obra por S/ 133.270.
Exservidores son los responsables
En los hechos ocurridos durante el período del 1 de noviembre de 2017 al 30 de abril de 2019, se identificó la presunta responsabilidad civil en siete exfuncionarios y exservidores de las anteriores gestiones municipales (2015-2018 y 2019-2022).
El informe, elaborado por el Órgano de Control Institucional (OCI) de la MPA fue notificado al alcalde provincial y recomienda a la Procuraduría Pública de la Contraloría General de la República adoptar las acciones civiles en contra de los presuntos responsables.
