Protestas contra Dina Boluarte. Durante la entronización del Papa León XIV en la Plaza de San Pedro, en el Vaticano, diez ciudadanos peruanos fueron detenidos por la policía italiana tras intentar ingresar al evento portando carteles con mensajes críticos hacia el gobierno de la presidenta Boluarte. Las autoridades locales intervinieron a los manifestantes antes de que accedieran a la zona del acto religioso.
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Según informó la policía de Roma, los ciudadanos fueron interceptados por personal de seguridad, y actualmente se encuentran en proceso de identificación por parte de la DIGOS, unidad especializada en operaciones de investigación y control de manifestaciones públicas.
Este no ha sido el único acto de protesta registrado en la capital italiana. El 17 de mayo, una mujer peruana desplegó una pancarta dentro de una iglesia en Roma, en la que expresaba su rechazo al gobierno de Boluarte con frases como “Gobierno corrupto, impune, nefasto”, haciendo también alusión a investigaciones en curso sobre los casos “Rolex” y “Cirugías”, en los que está involucrada la mandataria.
Asimismo, se difundieron imágenes de manifestantes expresando su repudio desde las calles, exigiendo justicia por las más de 50 personas fallecidas durante las protestas sociales ocurridas tras la asunción de Dina Boluarte en diciembre de 2022.
Carta al Papa León XIV: familiares de fallecidos en protestas contra Dina Boluarte piden interceder por justicia
Los familiares de quienes murieron durante las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte en 2022 y 2023 enviaron una carta al Papa León XIV, solicitando su intervención ante la falta de justicia y el abandono que aseguran sufrir por parte del Estado peruano.
La misiva fue remitida por la Organización Nacional de Mártires y Víctimas 2022-2023 y expresa su preocupación por la impunidad, así como por las recientes decisiones legislativas que, según denuncian, han limitado su acceso a defensa legal.
En el documento, los deudos explican que la aprobación de nuevas normativas —como la modificación de la Ley de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI)— dificulta la labor de organizaciones no gubernamentales que venían prestando asesoría legal gratuita a las víctimas mediante abogados especializados en derechos humanos.
Estas restricciones, indican, dejan a las familias sin los recursos necesarios para acceder a una defensa jurídica adecuada, a diferencia de los beneficios legales que sí reciben miembros de las fuerzas armadas y funcionarios públicos involucrados.
