La Fiscalía de la Nación presentó una denuncia constitucional ante el Congreso de la República contra la presidenta Dina Ercilia Boluarte Zegarra y varios de sus exministros, por las muertes registradas durante las protestas sociales ocurridas entre diciembre de 2022 y febrero de 2023 en diversas regiones del país.
La denuncia, formulada por el Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales, también incluye al exprimer ministro Pedro Angulo Arana, al extitular de Defensa Luis Otárola, y a los exministros del Interior César Cervantes, Víctor Rojas y Vicente Romero, así como al exministro Jorge Chávez Cresta.
Según la tesis fiscal, durante las manifestaciones ocurridas entre el 7 de diciembre de 2022 y el 9 de febrero de 2023, el uso excesivo y desproporcionado de la fuerza por parte de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas ocasionó la muerte de 75 personas en las regiones de Apurímac, Ayacucho, Ucayali, Cusco, Puno y Lima Metropolitana.
La denuncia se sustenta en que los funcionarios implicados tenían pleno conocimiento de la represión violenta en las manifestaciones y, pese a ello, no adoptaron medidas para evitar nuevas víctimas. Por el contrario, permitieron que se siguiera utilizando la fuerza letal contra los manifestantes.
A Boluarte y los demás acusados se les imputan los delitos de lesiones leves y graves, tipificados en los artículos 121° y 122° del Código Penal. La Fiscalía sostiene que habrían incurrido en dolo eventual y omisión impropia, al no actuar para prevenir daños a la integridad y la vida de los ciudadanos, siendo su deber como garantes del orden y los derechos fundamentales.
Denuncia de fiscalía: habrían intentado contra los derechos a la vida
Asimismo, el documento fiscal argumenta que las autoridades debieron diseñar y aplicar protocolos claros para el control de las protestas, en concordancia con normas nacionales e internacionales de derechos humanos.
Al incumplir este deber, habrían atentado directamente contra los derechos a la vida y la integridad física de los manifestantes.
El Congreso deberá evaluar esta denuncia constitucional, que de ser admitida, podría abrir un proceso de juicio político contra la mandataria y los exministros implicados.
Este proceso representa un nuevo episodio de tensión entre el Ejecutivo y otros órganos del Estado, en medio de una crisis política y social que aún deja secuelas en varias regiones del país.
