La desaparición de 13 mineros en Pataz generó preocupación en la comunidad local, aunque no tuvo la misma repercusión en la Presidencia del Consejo de Ministros. El titular de la PCM, Gustavo Adrianzén, declaró no tener conocimiento de una denuncia por secuestro. Tras confirmarse la masacre de los trabajadores, los familiares de las víctimas exigen su renuncia y demandan una respuesta clara por parte de la empresa R&R, implicada en el caso.
“Usted es un patán, un desgraciado porque no ha tenido la contemplanza con aquellos que han estado retenidos por estos delincuentes; sin embargo, usted sale a decir que el día viernes no sabía nada, que no había ninguna denuncia y esa es una mentira grande. Que sepa la nación. El día martes a las 10:00 p.m. se presentó una denuncia y estoy indignado por esa actitud suya”, expresó entre lágrimas el padre de Josué Carbonel Beltrán, uno de los mineros asesinados.
Asimismo, Enrique Carbonel pidió al presidente del Consejo de Ministros que rectifique públicamente las declaraciones realizadas días atrás. “Estos son seres humanos, señor. Por eso estoy indignado con esta actitud”, expresó con firmeza. Además, reiteró la urgencia de establecer una base militar en Pataz, debido a la ausencia de efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) en la zona.
El progenitor expresó su pesar por la falta de comunicación de parte de la empresa donde trabajaba su hijo, la cual hasta ahora no se ha contactado con los familiares de las víctimas. Señaló que no tienen información sobre el proceso que se seguirá con los restos de sus seres queridos y que enfrentan serias dificultades, ya que no cuentan con ataúdes ni medios de transporte para trasladarlos a sus regiones de origen.

Masacre en Pataz: anuncian paro indefinido
La provincia de Pataz, en La Libertad, ha anunciado un paro indefinido a partir del 5 de junio, en respuesta a la creciente inseguridad y al incumplimiento de promesas gubernamentales. El alcalde Aldo Mariño confirmó la medida tras la masacre de 13 mineros contratados por la empresa R&R, quienes fueron hallados sin vida en un socavón, con signos de tortura y ejecución. Este trágico suceso ha intensificado la crisis de seguridad en la región, atribuida a la minería ilegal y al accionar de organizaciones criminales.