Una tragedia enluta nuevamente a la región La Libertad. La mañana de este domingo 4 de mayo, fueron hallados sin vida los cuerpos de los 13 trabajadores que habían sido secuestrados por bandas criminales asociadas a la minería ilegal en la provincia de Pataz.
Los fallecidos eran empleados de la empresa R&R y brindaban servicios a un minero artesanal que, según confirmó la minera Poderosa, opera bajo un contrato formal de explotación con la compañía.
Los familiares de las víctimas habían reportado su desaparición desde el pasado 27 de abril, cuando dejaron de tener comunicación con ellos mientras laboraban en un socavón. No obstante, según información brindada por el general PNP Carlos Llerena Portal, jefe de la Región Policial La Libertad, el secuestro ocurrió en realidad el 25 de abril.
De acuerdo con fuentes policiales, los trabajadores fueron encontrados maniatados, vendados, desnudos y ejecutados con disparos en la nuca, al interior de un socavón en la convulsionada provincia de Pataz. Se trataría de un crimen premeditado perpetrado por bandas ligadas al crimen organizado que buscan controlar operaciones mineras informales e ilegales en la zona.
Los secuestradores habrían exigido una alta suma de dinero a la compañía minera como condición para liberar a los trabajadores, según denunciaron sus familiares a medios locales. El crimen, lejos de tratarse de un caso aislado, se suma a una escalada de violencia que azota esta provincia desde hace varios años.
A través de un comunicado, la minera Poderosa lamentó el asesinato de sus colaboradores y aseguró que ya suman 39 las personas asesinadas por bandas criminales en esta zona del país.
La compañía calificó a Pataz como un “territorio sin ley” donde la minería ilegal ha impuesto el terror, a pesar de que actualmente rige un estado de emergencia y existe presencia policial en la región.
“Sumamos ya 39 colaboradores, mineros artesanales y sus trabajadores ultimados por bandas criminales que han tomado el control de Pataz, donde la violencia campea impunemente, segando vidas y sometiendo voluntades”, señaló Poderosa.
La minera también cuestionó duramente al Ejecutivo y al Congreso por permitir, con su inacción, que se llegue a esta situación de desgobierno.
“No será posible derrotar la delincuencia si, a pesar de nuestros reiterados pedidos, la policía sigue sin ingresar e interdictar las bocaminas ilegales, cuya ubicación está plenamente identificada y georreferenciada”, denunciaron.
Radicalizarán estado de emergencia en Pataz
Frente al horror causado por este múltiple crimen, el ministro de Energía y Minas anunció que se “radicalizará” el estado de emergencia vigente en la provincia de Pataz.
Por su parte, el Ministerio del Interior informó que enviará equipos de élite del Grupo Especial contra el Crimen Organizado y divisiones especializadas en investigación de secuestros, extorsiones y homicidios de la Dirincri.
“Se ha dispuesto el despliegue inmediato de equipos de élite con la finalidad de ubicar y capturar a los responsables de estos execrables crímenes”, precisó el Mininter en un comunicado.
La masacre de estos 13 trabajadores pone nuevamente en evidencia el nivel de violencia y control que ejercen las mafias criminales en zonas donde la minería ilegal ha crecido sin freno. La región Pataz clama por justicia, intervención real y una respuesta firme del Estado que frene esta espiral de muerte y terror.
Las victimas
Entre las víctimas identificadas se encuentran Nilver Joel Pérez Chuquipoma (24 años), César Rospigliosi Arellano (39), Frank Jesús Monzón Valeriano (24), Jhon Cristian Facundo Inga (31), Franklin Vicente Facundo Inga (24), Josué Carbonell Beltrán (32), Juan Ñaupari Salva (25), Deiter Abraham Domínguez Ramírez (31) y Darwin Javier Cobeñas Panta (31). Todos ellos eran trabajadores que se encontraban laborando en el socavón cuando fueron secuestrados por los criminales.
Hasta el momento, cuatro de los cuerpos recuperados aún permanecen en proceso de identificación, según informaron las autoridades. Se espera que en las próximas horas se logre confirmar su identidad y notificar formalmente a sus familias, en medio de un clima de consternación e indignación por la brutalidad del crimen.
