El expresidente Pedro Castillo protagonizó tensos momentos en la segunda jornada de su juicio por el fallido golpe de Estado, enfrentándose a los jueces, fiscales y a su propio abogado defensor.
Durante la audiencia realizada en la Corte Suprema dentro del complejo policial de la Diroes, Castillo insultó a los fiscales que lo acusan de rebelión y que solicitan una condena de 34 años de prisión en su contra. La sala le llamó la atención y le recordó que el proceso se desarrolla bajo reglas judiciales estrictas, con posibilidad de aplicar medidas coercitivas en caso de incumplimiento.
La audiencia del jueves estuvo enfocada en los alegatos iniciales de los abogados defensores de los acusados. Sin embargo, cuando la jueza Norma Carbajal dio la palabra al abogado de Castillo, Edgar Callahualpa Quispe, el expresidente interrumpió para rechazar la defensa pública y afirmar que el Ministerio Público ha forzado su acusación.
Luego, insistió en retirarse del juicio, pero el juez José Neyra le negó el permiso, recordándole que los procesados están sujetos a deberes judiciales y que la ley contempla medidas para garantizar su participación en el proceso.
Durante su intervención, Castillo arremetió contra los fiscales y la procuraduría, cuestionando la legitimidad de la acusación en su contra y criticando el pedido de S/ 65 millones en reparación civil.
Ante estas declaraciones, el presidente del tribunal le advirtió que debía moderar su vocabulario para continuar teniendo derecho a la palabra. A pesar de sus intentos de retirarse de la audiencia, el tribunal le recordó que su participación es obligatoria y que el juicio no puede llevarse a cabo sin un abogado defensor.
Pedro Castillo: siete audiencias adicionales
En los alegatos iniciales, la defensa de Pedro Castillo sostuvo que no se podrá probar que existió un levantamiento en armas, por lo que no se configuraría el delito de rebelión. Argumentaron que el mensaje televisado del expresidente el 7 de diciembre de 2022 no constituyó una orden para ejecutar un golpe de Estado, sino que fue un discurso político sin efecto jurídico.
También aseguraron que no hay evidencia de coordinaciones previas con sus ministros o la policía para ejecutar las acciones mencionadas en la acusación fiscal. Las defensas de Betssy Chávez, Willy Huerta y los policías Manuel Lozada y Jesús Venero coincidieron en que no existen pruebas que los vinculen con un plan golpista.
Argumentaron que la acusación fiscal presenta contradicciones y que no se ha demostrado la existencia de órdenes directas para impedir el ingreso de congresistas al Parlamento o la detención de la fiscal de la Nación. En consecuencia, solicitaron la absolución de sus defendidos y la nulidad de la reparación civil solicitada por la procuraduría.
Al finalizar la jornada, la sala consultó a los acusados si aceptaban los cargos presentados por la fiscalía. Tanto Castillo como sus coacusados los rechazaron rotundamente, alegando que el juicio es parcializado y que las pruebas presentadas carecen de fundamento.
La fiscalía los acusa de haber intentado subvertir el orden constitucional mediante la intervención de las Fuerzas Armadas y la Policía, el cierre inconstitucional del Congreso y la instauración de un gobierno por decreto.
La sala programó siete audiencias adicionales para la presentación de testigos clave propuestos por la fiscalía. La primera sesión se realizará el martes 11 de marzo, donde declararán exaltos mandos militares y funcionarios del Ministerio de Defensa.
Asimismo, se canceló la audiencia del viernes 7 para dar más tiempo a la citación de los testigos. El juicio continuará en la sala de audiencias ubicada dentro del penal de Barbadillo, donde Castillo permanece en prisión preventiva desde diciembre de 2022.
