Por: Sarko Medina Hinojosa
Cordillera de Palabras… El colapso del techo del Real Plaza de Trujillo ha desnudado una verdad incómoda: la fiscalización en el Perú es vista como un trámite burocrático, no como lo que realmente es, un asunto de vida o muerte.
Mientras se contabilizan 6 muertos y más de 80 heridos, la pregunta que todos deberíamos hacernos es: ¿Dónde estaba la municipalidad? A, verdad, limitada por una ley de este Congreso que impide su intervención.
Según los expertos del Colegio de Ingenieros, los materiales deficientes, soldaduras inadecuadas y pernos insuficientes eran visibles para cualquier inspección técnica rigurosa.
Sin embargo, en 2018, la PCM cambió el reglamento de las inspecciones técnicas (ITSE), eliminando la obligatoriedad de un ingeniero civil en estas revisiones. Como explicó Lourdes Giusti, decana del Colegio de Arquitectos: «La intención era bajar los costos, simplificar, pero esto ha traído muchos problemas».
El empresariado siempre ha visto la fiscalización como una extorsión institucionalizada, presionando para flexibilizar normas en nombre de la «simplificación administrativa«.
El resultado está a la vista: techos que se desploman sobre familias que solo querían comer una pizza, niños que quería aprovechar los últimos días de vacaciones, trabajadores que cumplían su labor.
Cordillera de Palabras… las municipalidades deben velar por la seguridad
Las municipalidades tienen la obligación constitucional de velar por la seguridad en espacios públicos. No es una opción, es un mandato. La fiscalización rigurosa no es un obstáculo para el desarrollo; es su garantía. Un negocio no es exitoso solo porque vende mucho, sino porque protege a quienes lo visitan.
La pregunta no es si necesitamos más fiscalización, sino por qué hemos permitido que se debilite tanto. Porque al final, el verdadero costo de «simplificar» trámites lo estamos pagando con vidas humanas.
