La noche del 24 de enero de 2025, en el distrito de Cocachacra, provincia de Islay, Arequipa, un grupo de pobladores del valle de Tambo, decidieron iniciar un paro indefinido en contra del proyecto minero Tía María, de la empresa Southern, para el 17 de febrero.
En la reunión, que duró cerca de dos horas, el debate se centró en la fecha en que debía iniciar la protesta indefinida. Se propusieron el 17, 24 y 27 de febrero. La primera fecha resultó ganadora con 118 votos, la segunda solo obtuvo 8 votos, mientras que la tercera obtuvo un apoyo de 53 votos.
La cita fue encabezada por el dirigente del valle de Tambo, Miguel Meza Igme, además del integrante de la Federación Departamental de Trabajadores de Arequipa (FDTA), Jorge del Carpio Lazo. También asistieron los alcaldes distritales de Deán Valdivia, Fernando Camargo y de Punta de Bombón, José Ramos Carrera.
Durante la reunión, los alcaldes y dirigentes, dijeron que ellos han tratado de exponer su posición a las autoridades nacionales, empero no fueron atendidos. Ante ello decidieron iniciar su protesta indefinida.
En la parte final de la reunión, hubo una discusión por la fecha de la protesta. A través de un documento, trabajadores y comerciantes de las playas de Islay, solicitaron que la medida se acate después de la temporada de verano. Tras una votación, se aprobó la del 17 de febrero.
Tras darse los resultados, se intentó formar comisiones para organizar el paro, empero algunos de los asistentes se pararon disconformes con la fecha, por lo que no se pudo conformar los grupos de trabajo y se decidió que se convocará una nueva reunión para definir los últimos detalles.
Tía María: No hubo soluciones del gobierno central
Por la mañana del 24 de enero, en una conferencia de prensa realizada en Arequipa, donde se anunció el rechazo a Tía María y a la contaminación que se ha causado en el valle de Tambo con la minera Aruntani.
El alcalde distrital de Punta de Bombón, José Ramos Carrera, señaló que el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), no apoyó a la población de Islay a combatir la contaminación.
Refirió que las aguas con metales, han causado perjuicio a los pobladores de la provincia de Islay y a su ganado.
Ramos Carrera, también cuestionó la declaratoria de emergencia que se hizo en los pueblos afectados por la contaminación. Refirió que la medida no fue útil. Señaló que la cisterna de 5000 galones que dieron a cada distrito de la provincia no fue suficiente para ayudar a la población.
