El Presidente de la Junta de Fiscales Superiores de Arequipa, Hugo Rogger Fernando Ramos Hurtado se pronunció sobre el ataque a la sede del Ministerio Público de Trujillo (La Libertad), rechazando todo acto de violencia que busque socavar la institucionalidad, el orden jurídico y el estado de derecho, calificando ello como una forma de pretender amedrentar e intimidar a las autoridades ante las investigaciones que se realizan de bandas organizadas.
“Este tipo de hechos generan gran preocupación al intentar debilitar el funcionamiento de los órganos encargados de la administración de justicia, además de ello, la existencia de normas que atentan contra la autonomía, la defensa de la legalidad y la persecución del delito”, dijo.
“Por ello, urge la necesidad de restituir la figura de la detención preliminar. No se puede detener porque no se tienen las armas legales para hacerlo, solo cuando se esté en flagrancia”, manifestó la autoridad del Ministerio Público, considerando que esta figura legal si estaba dando buenos resultados.
El Fiscal Superior Hugo Rogger Ramos Hurtado fue enfático en señalar que las leyes aprobadas en el Congreso de la República comprometen la independencia de la labor fiscal dejando de lado todo esfuerzo realizado para luchar contra la criminalidad y la delincuencia común.
Destacó la importancia del trabajo conjunto que debe existir entre el Ministerio Público y Policía Nacional que permitan más bien, con nuevas normas, fortalecer sus acciones y capacidad operativa.
También se mostró en desacuerdo frente a las 06 leyes que amenazan la función fiscal y son contrarias al marco constitucional: Ley N° 32107, norma que introduce disposiciones que debilitan el marco normativo en la persecución de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra.
La Ley N° 31751, que recorta los plazos de prescripción de delitos, favoreciendo la impunidad. Ley N° 31990, que limita los plazos para la corroboración de información brindada por colaboradores eficaces. Ley N° 32108, que introduce requisitos adicionales que dificultan la persecución de organizaciones criminales.
La Ley N° 32181, que restringe la capacidad de solicitar medidas restrictivas en casos de uso desproporcionado de armas por parte de efectivos policiales. Ley N° 32182, que sanciona a fiscales y jueces, menoscabando su autonomía en la aplicación de criterios jurídicos.
No hay fiscales amenazados en Ministerio Público de Arequipa
De otro lado descartó la existencia en Arequipa de amenazas contra fiscales a cargo de investigaciones relacionadas a organizaciones y bandas criminales. De ser el caso y previa evaluación aseguró solicitarán resguardo policial el cual estaría sujeto a las disposiciones que pueda emitir el Ministerio del Interior.
