El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) declaró fundada en parte la demanda competencial planteada por la Defensoría del Pueblo contra el Poder Ejecutivo por la falta de atención de solicitudes y oficios cursados al amparo de sus atribuciones constitucionales. Ordena a la Presidencia de la República responda a la Defensoría y recomienda que deje trabajar a la prensa.
Esto en defensa de los derechos fundamentales de la ciudadanía y de su rol supervisor de los deberes que debe cumplir la administración pública, en la protección de las libertades de expresión e información.
Previamente, el Tribunal Constitucional advirtió que la controversia se centró en el modo en que el Poder Ejecutivo atendía las solicitudes de la Defensoría del Pueblo, y en determinar si es obligatorio dar respuesta a las mismas.
En consecuencia, el conflicto de autos se trató de uno por menoscabo de interferencia, ya que la Defensoría del Pueblo requiere de la cooperación del Poder Ejecutivo -así como de otras entidades- para poder ejercer sus propias competencias.
Esta cooperación consiste en dar respuesta a las solicitudes de la Defensoría, tanto en el ámbito de los pedidos de información, como en el de las recomendaciones.
Según la sentencia recaída en el expediente 00001-2022 PCC/TC, el TC determinó que la Presidencia de la República no dio respuesta formal a la recomendación contenida en el Oficio 044-2021-DP/AAC (15/12/2021), y reiterada mediante el Oficio 0006-2022-DP/AAC (27/1/2022.
En esta se recomendaba suscribir la Declaración de Chapultepec, que estableció diversos principios a fin de informar la labor de los Estados en aras de garantizar y proteger las libertades de expresión y de prensa.
TC le pidió no obstaculizar el trabajo de la prensa
Asimismo, dispuso la capacitación del personal encargado de la seguridad del presidente de la república sobre el trabajo de periodistas.
No obstaculizar la participación de los medios de comunicación en los actos oficiales u otros eventos públicos de los que es parte el presidente de la república, o altos funcionarios del Poder Ejecutivo; y conceder entrevistas a medios de comunicación a fin de garantizar el derecho a la información de la ciudadanía.
Por ello, ordenó a la Presidencia de la República que brinde respuesta a la recomendación contenida en los dos oficios referidos.
Sin embargo, el Colegiado subraya que el deber omitido solo alcanza a brindar una respuesta respecto de la recomendación formulada, pero no se refiere a un presunto deber de acatamiento de esta.
Para el TC, las libertades de expresión y de información son una concreción del principio de dignidad humana y operan como una garantía institucional de todo el sistema democrático constitucional, contribuyendo a formar una opinión crítica en la ciudadanía, consolidándose así el Estado democrático de Derecho.
